Una nueva denuncia sacude al Gobierno Nacional tras revelarse que al menos 24 funcionarios y contratistas habrían sido vinculados a distintas entidades estatales con títulos universitarios presuntamente irregulares expedidos por la Fundación Universitaria San José. La alerta fue hecha por la representante a la Cámara Catherine Juvinao, quien aseguró que estos contratos le habrían costado al Estado cerca de 1.100 millones de pesos.
Según explicó la congresista, la investigación se originó a partir del caso de Juliana Guerrero, quien aspiraba a ocupar un cargo de viceministra en el Ministerio de Igualdad y cuya formación académica fue cuestionada por presuntas irregularidades en la obtención de sus títulos. Sin embargo, Juvinao afirmó que este caso sería solo una parte de un problema de mayor alcance.
Tras revisar bases de datos de contratistas y funcionarios de diferentes entidades del Gobierno Nacional, la representante señaló que identificó 24 personas que habrían obtenido títulos de manera irregular en la Fundación Universitaria San José y que sí lograron ser contratadas entre los años 2023 y 2025. Entre las entidades en las que estas personas habrían prestado servicios se encuentran el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Datic), el Ministerio de Salud, la Dian, el Sena, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Aeronáutica Civil.
De acuerdo con la denuncia, seis de los casos identificados corresponderían a personas que nunca presentaron la prueba Saber Pro, requisito obligatorio para obtener un título profesional. En otros 18 casos, aunque sí se presentó dicha prueba, esta se habría realizado con posterioridad a la fecha de graduación, lo que constituiría una irregularidad administrativa. Juvinao aclaró que, por ahora, no ha revelado los nombres de los presuntos involucrados.
Ante estos hallazgos, la congresista solicitó formalmente al Ministerio de Educación Nacional adelantar una investigación de fondo contra la Fundación Universitaria San José. Incluso, cuestionó la continuidad de la institución al considerar que las presuntas irregularidades afectarían la confianza en el sistema educativo.
Este caso también ha llamado la atención de los organismos de control. En noviembre de 2025, la Procuraduría General de la Nación requirió al Ministerio de Educación los avances de la investigación administrativa preliminar abierta contra la institución educativa, con el fin de verificar la legalidad de los títulos otorgados. El ente de control solicitó información detallada sobre la estructura administrativa de la universidad y las medidas adoptadas para corregir posibles fallas.
Hasta el momento, no se ha informado públicamente si el Ministerio de Educación ha entregado los resultados solicitados ni si se han adoptado decisiones de fondo frente a estas denuncias.
