El representante a la Cámara Andrés Forero reiteró sus cuestionamientos a la Cancillería tras confirmar que en agosto fueron autorizados pagos por cerca de 70 millones de pesos a Irene Vélez, actual ministra de Ambiente encargada.
Los giros correspondieron a gastos de repatriación, viáticos, traslado de menaje doméstico y prima de instalación, pese a que su nombramiento como cónsul en Londres había sido anulado previamente por el Consejo de Estado. Según el congresista, estas sumas habrían sido adicionales a unos 20 millones de pesos por tiquetes aéreos ya reconocidos.
El nombramiento de Vélez como cónsul fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Cundinamarca. La decisión señaló que, al momento de la designación realizada el 3 de mayo de 2024, había funcionarios pertenecientes a la carrera diplomática y consular con más de 12 meses de servicio en el exterior, lo que hacía improcedente recurrir a una designación provisional. La sentencia determinó que la exministra no cumplía las condiciones para ocupar el cargo.
Forero afirmó que desde mayo había advertido al Gobierno sobre los pagos relacionados con la salida del servicio exterior. A su juicio, la entonces cónsul no habría completado el tiempo requerido para acceder a estos beneficios. El congresista sostuvo que, aun con la advertencia, en agosto se realizaron las consignaciones que sumarían cerca de 90 millones de pesos.
El representante señaló que la información fue obtenida mediante un derecho de petición dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores. En la respuesta oficial, la entidad detalló los conceptos cancelados y confirmó que el giro se efectuó el 12 de agosto. Hasta el momento, la Cancillería no ha comunicado la apertura de investigaciones internas ni ha entregado explicaciones adicionales sobre los criterios aplicados para autorizar los pagos tras la anulación del nombramiento.
La discusión se remonta a mayo de 2025, cuando Forero aseguró que Vélez renunció a su cargo como cónsul para asumir la dirección de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Según su reconstrucción, la falta de renuncia formal derivó en que el Ministerio ordenara el retiro del servicio, lo que permitió el reconocimiento de viáticos y transporte de menaje doméstico. En ese momento planteó que los beneficios podían ascender a cerca de 92 millones de pesos.
En el decreto que formalizó el retiro, el Ministerio dispuso que las erogaciones asociadas al regreso de la funcionaria serían asumidas con cargo al presupuesto de la entidad y de su fondo rotatorio.
Días antes de la consignación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había tumbado el nombramiento tras una demanda presentada por la abogada Ximena Echavarría, quien argumentó que la designación no cumplía la normatividad de la carrera diplomática. Sostuvo que existían funcionarios de carrera habilitados para asumir el cargo, lo que, según la demanda, no fue tenido en cuenta.
