Por: Daniel Esteban Salazar
El programa «Jóvenes en Paz», impulsado por el gobierno de Gustavo Petro, busca promover la inclusión social y económica de los jóvenes afectados por la violencia y el conflicto armado en Colombia. Su objetivo es ofrecer oportunidades para mejorar la calidad de vida de estos jóvenes y que puedan participar activamente en la construcción de paz. Sin embargo, el programa ha estado envuelto en controversias debido a los constantes retrasos en los pagos de los recursos destinados a los beneficiarios.
Desde su implementación, han surgido varios problemas administrativos, logísticos y de falta de coordinación entre las entidades responsables, lo que ha afectado el cumplimiento de los compromisos. Estos problemas se han intensificado desde que la Universidad Claretiana asumió la operación del programa hace dos meses.
IFMNOTICIAS entrevistó a algunos jóvenes, quienes aseguraron que no han recibido el pago completo de los recursos, y otros han recibido solo una parte de la suma prometida, incluso después de varios meses de estar inscritos en el programa. En algunas comunas de Medellín, hay jóvenes que llevan hasta seis meses sin recibir el apoyo económico y otros que han visto reducidos sus pagos por descuentos imprevistos.
Según los jóvenes, la excusa más frecuente por parte de las autoridades es la falta de coordinación y las dificultades operativas relacionadas con la gestión de los pagos. A pesar de los esfuerzos de los líderes comunales para buscar respuestas, los jóvenes siguen sin recibir una solución efectiva y temen que sus expectativas de desarrollo personal y profesional se vean afectadas por estos retrasos, lo que podría generar mayor desconfianza y desmotivación.
También mencionan que, a pesar de las promesas realizadas por la coordinación territorial, las cuales indicaban que los pagos se realizarían antes del 20 de diciembre, hasta la fecha muchos no han recibido el dinero prometido. En las asambleas celebradas, los líderes locales reiteraron que los pagos serían hechos a más tardar el 20 de diciembre, pero al 21 de diciembre, muchas comunas no habían recibido nada, y otras solo el 50% de lo acordado. Algunos jóvenes incluso han propuesto realizar un paro, manifestando su frustración por lo que consideran una falta de compromiso por parte del gobierno.
En un comunicado oficial, El grupo «Huerta» del programa Jóvenes en Paz, perteneciente a la Comuna 80 (San Antonio de Prado), expresaron su profundo malestar ante los reiterados incumplimientos en la entrega de las transferencias monetarias condicionadas (TMC) por parte del Departamento de Prosperidad Social.
Según los jóvenes, este componente financiero es crucial para su participación activa en el programa, ya que les permite cubrir necesidades básicas como transporte, alimentación y sustento familiar. Sin embargo, denuncian que algunos beneficiarios llevan entre siete y ocho meses sin recibir estos pagos, lo que ha dificultado significativamente su compromiso con las actividades y los ha expuesto a situaciones de vulnerabilidad económica.
En el comunicado, señalan que «solo a 2 personas de nuestro grupo le llega la transferencia, dejando un incumplimiento con los otros 58 beneficiarios y beneficiarias del grupo». A pesar de esta situación, resaltan su fe en el programa, que no solo se enfoca en el aspecto económico, sino en brindarles herramientas para aprender, manejar sus emociones y construir comunidades más sólidas.
El grupo exige soluciones concretas antes del 5 de diciembre, advirtiendo que, de no cumplirse, convocarán una asamblea permanente y suspenderán sus actividades. Además, solicitaron una reunión presencial con el Viceministro de las Juventudes, el director del programa Jóvenes en Paz y el director del Departamento de Prosperidad Social, esperando que esta tenga lugar antes del 15 de diciembre y se realice en su territorio.
Finalmente, los jóvenes hacen un llamado al gobierno nacional para que asuma sus responsabilidades y garantice el cumplimiento de los compromisos. «Hacemos un sincero llamado a los órganos del gobierno para que sean responsables con sus obligaciones y compromisos, para que juntos saquemos la paz del papel y la plasmemos en las calles», concluye el comunicado.
Este retraso está afectando no solo la confianza en el programa «Jóvenes en Paz», sino también la credibilidad del gobierno en otros programas de inclusión social. En este sentido, los beneficiarios del programa hacen un llamado al gobierno para que se nombre una comisión del Departamento de Prosperidad Social (DPS) para verificar las causas de los retrasos y dar respuestas claras y efectivas. Los jóvenes piden que se tomen medidas inmediatas para que los pagos se cumplan a tiempo, y se restablezca la confianza en estos programas esenciales para su futuro.