Una nueva controversia se suma al panorama administrativo del Gobierno Nacional tras la denuncia pública hecha por la senadora María Fernanda Cabal. La congresista anunció que ha presentado una solicitud formal ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue la presunta alteración del manual de funciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en medio del proceso de vinculación a medida, de la exministra Irene Vélez.
Según explicó la senadora, los cambios en los perfiles requeridos para algunos cargos estarían relacionados con el interés de facilitar el nombramiento de profesionales que no cumplen con la formación técnica especializada que tradicionalmente exige esta entidad. En varios casos el gobierno ha recurrido a cambios absurdos en donde se señala la inclusión de titulados en filosofía y teología para roles con responsabilidades técnicas dentro de la autoridad ambiental, una situación que ha generado inquietudes por el posible debilitamiento del criterio meritocrático en el acceso a cargos públicos.
Cabal cuestiona antecedentes en el Ministerio de Minas
En su pronunciamiento, Cabal hizo alusión a antecedentes recientes en otras entidades del Ejecutivo, especialmente el Ministerio de Minas y Energía, donde, según indicó, también se habrían relajado los criterios de selección para privilegiar afinidades ideológicas por encima de la formación técnica de los aspirantes. A su juicio, esta tendencia vulnera principios fundamentales del servicio público, como la idoneidad profesional y el mérito como base del ingreso al Estado.
“Es evidente un patrón en este gobierno de desdibujar los requisitos para acomodar personas afines políticamente, sin tener en cuenta la preparación técnica necesaria para ejercer cargos clave. Esto compromete la eficacia institucional y va en contra de los intereses del país”, señaló la senadora en su denuncia ante la procuraduría.
La ANLA, en el centro del debate institucional
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales es una entidad clave en la evaluación, trámite y seguimiento de licencias ambientales para proyectos que tienen un impacto significativo en el entorno natural del país. Por esta razón, organizaciones civiles, académicas y gremiales han enfatizado la importancia de preservar los estándares técnicos y científicos en los procesos de contratación dentro de la entidad y no ideológicos.
Hasta el momento, la ANLA no ha emitido un pronunciamiento oficial en respuesta a las declaraciones de la senadora pero deberá responder a lo que la procuraduría requiera para atender la queja interpuesta en la denuncia. Según la senadora Cabal, los cambios en la Agencia Nacional son, presuntamente, para favorecer a la exministra Irene Vélez en su nombramiento, lo que según expresa, es un hecho verificable o parte de un proceso en evaluación.
La solicitud presentada por Cabal será evaluada por la Procuraduría General de la Nación, entidad que tendrá la competencia de determinar si existen méritos para abrir una investigación disciplinaria. En caso de comprobarse irregularidades, el órgano de control podría emitir sanciones o recomendaciones correctivas, dependiendo del curso del proceso.
