La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas ante el incremento del desplazamiento forzado en varios municipios de Antioquia y pidió a las autoridades locales, departamentales y nacionales coordinar acciones urgentes para enfrentar la situación de violencia que afecta a miles de habitantes.
De acuerdo con la información oficial, en el municipio de Briceño un poco más de 2.000 campesinos de tres corregimientos se han visto obligados a abandonar sus hogares tras recibir amenazas de grupos armados, que les exigen pagar multas o abandonar definitivamente sus tierras. La situación ha generado una emergencia humanitaria que afecta principalmente a comunidades rurales.
En Tarazá, en las veredas Doradas Altas y Tahamí, alrededor de 100 familias se desplazaron desde las zonas rurales hacia el casco urbano, huyendo de los enfrentamientos que se presentan en el territorio. Por su parte, en Anorí, se reportan 2.600 personas desplazadas a causa de los combates entre integrantes del Clan del Golfo y las disidencias del frente 36 de las antiguas FARC, bajo el mando de alias Calarcá.
La Defensoría del Pueblo señaló que esta situación refleja una grave afectación de los derechos humanos en el norte y bajo Cauca antioqueño, por lo que solicitó al Ministerio del Interior convocar de forma extraordinaria al Subcomité Nacional de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, con el propósito de implementar medidas urgentes que salvaguarden a las comunidades afectadas y eviten una mayor expansión del fenómeno de desplazamiento.
Ante la crisis, el secretario de Educación de Antioquia informó que se garantizará la continuidad escolar de los menores desplazados de Briceño. “Tenemos una afectación directa de 306 niños de la ruralidad de Briceño. A estos menores les garantizaremos la educación en contrajornada en la institución Antonio Roldán Betancourt, en el área urbana, así como el acceso al programa de alimentación escolar”, indicó.
El funcionario reiteró el llamado a los grupos armados al margen de la ley para que respeten el derecho a la educación y los espacios escolares como entornos de paz. “Reiteramos nuestro compromiso de garantizar la educación en las mejores condiciones posibles, pero necesitamos el respeto por las instituciones educativas y sus integrantes: niños, niñas, maestras y maestros del departamento”, añadió.
Por su parte, María Patricia Giraldo, subsecretaria de Derechos Humanos y Paz de la Gobernación de Antioquia, confirmó que los desplazamientos masivos se registran en municipios como Anorí, El Bagre, Briceño, Valdivia y Tarazá, y que desde la administración departamental se adelantan labores de atención humanitaria de emergencia en coordinación con las secretarías de Salud, Educación, Infancia y Adolescencia.
“En Briceño tenemos una comisión con diez profesionales de la Secretaría de Salud y funcionarios de Derechos Humanos y de Paz. También agradecemos el apoyo de entidades internacionales y la articulación con la fuerza pública para garantizar condiciones de seguridad cuando las familias decidan regresar”, manifestó.
