La Defensoría del Pueblo, en conjunto con la Secretaría de Salud de Pamplona, hizo un llamado urgente a la Nueva EPS, a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y a los dispensarios farmacéuticos para que adelanten procesos de conciliación de cuentas y garanticen el flujo oportuno de recursos.
Todo ello, según lo publicado en el sitio web de la Defensoría, con el propósito de asegurar la continuidad en la atención médica y la entrega puntual de medicamentos a la población afiliada.
Asimismo, se precisó que actualmente 15.377 personas adscritas al régimen subsidiado de la Nueva EPS, equivalentes al 32,68 % del total de afiliaciones en el municipio, quedaron sin acceso a los servicios de segundo nivel que ofrece la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona, institución que además presta atención a siete municipios de la provincia.
De acuerdo con la información oficial, el hospital notificó el pasado 18 de octubre que, a partir del lunes 20 de octubre de 2025, se vería obligado a suspender totalmente la atención de estos servicios a los usuarios de la Nueva EPS.
Esta medida, explicaron desde el centro asistencial, responde al incumplimiento reiterado en los pagos por parte del asegurador, lo que representa un riesgo para la sostenibilidad financiera, la calidad y la continuidad del servicio.
Aunque la institución garantizó la atención en casos de urgencia, la suspensión generalizada en otras áreas implica, según la Defensoría, una afectación directa y grave al derecho fundamental a la salud, al limitar el acceso a consultas especializadas, procedimientos diagnósticos, cirugías programadas, tratamientos médicos y demás servicios esenciales.
Por este motivo, se advirtió que la suspensión podría poner en riesgo la vida de pacientes con enfermedades crónicas o tratamientos de alto costo, además de comprometer la estabilidad del sistema hospitalario de la región.
Durante el presente año, la Dirección Local de Salud de Pamplona ha recibido 785 quejas por deficiencias en la atención médica y ha tenido conocimiento de 150 acciones de tutela interpuestas por los usuarios para exigir la protección de sus derechos. A pesar de los múltiples llamados institucionales, la EPS no ha regularizado los pagos ni presentado soluciones efectivas, lo que ha profundizado la crisis.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Salud reiteraron su llamado urgente a la Superintendencia Nacional de Salud y a las entidades de control para que actúen con inmediatez y adelanten las intervenciones necesarias dentro de sus competencias. Según la Defensoría, el objetivo es evitar la interrupción de tratamientos médicos, prevenir el deterioro de la salud de los pacientes más vulnerables y garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario regional.
