La Defensoría del Pueblo remitió a la representante a la Cámara por Bogotá, Katherine Miranda Peña, integrante de la Comisión Tercera, una solicitud para la asignación de recursos adicionales que permitan mantener su capacidad operativa durante la vigencia 2026.
En el documento, con fecha del 4 de agosto de 2025, la entidad recuerda que su mandato constitucional incluye la promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos, funciones que desarrolla con autonomía administrativa y presupuestal. También señaló que, como Institución Nacional de Derechos Humanos, su financiamiento suficiente y sostenible es una condición estructural para cumplir con sus funciones.
La comunicación expone que la Defensoría requiere personal capacitado, infraestructura, tecnología y presencia territorial para atender las necesidades de las defensorías regionales, asistir a víctimas del conflicto armado, y elaborar informes de advertencia, entre otras tareas.
Según el escrito, en 2025 la entidad contó con un presupuesto de funcionamiento e inversión por $1.252.739.000.000, de los cuales $1.130.439.000.000 se destinaron a funcionamiento y $122.300.000.000 a inversión. Para 2026, la cifra proyectada presenta una disminución de $38.291.000.000 respecto al año anterior.
La Defensoría señaló que esta reducción podría impactar sus programas y la defensa de derechos fundamentales, y por ello solicita la asignación de recursos adicionales para garantizar la cobertura y capacidad operativa previstas en su plan de trabajo para la próxima vigencia.
