La Defensoría del Pueblo entregó un balance preliminar de la jornada electoral del 26 de octubre de 2025, tras el monitoreo realizado desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional y territorial. Según la entidad, se registraron 113 novedades en 70 municipios de 26 departamentos y en cuatro localidades de Bogotá.
Dentro de los reportes, se destaca un caso por presunta compra de votos. De acuerdo con el documento, se recibieron quejas en departamentos como Bolívar y Córdoba, con 14 reportes cada uno, seguidos de Antioquia con 13 casos y Valle del Cauca con nueve. Bogotá, Santander, Huila, Sucre, Magdalena, Vaupés, Cauca, Nariño, Arauca, Meta, Guaviare, Putumayo, Boyacá, Chocó, Amazonas, San Andrés, Tolima, Cesar, Caldas, Casanare, Cundinamarca y Guainía también figuran en la relación departamental.
La Defensoría señaló que acompañó la jornada “promoviendo el ejercicio de la participación ciudadana” y llamó la atención sobre diferentes situaciones identificadas durante el seguimiento. La entidad informó que varios de los reportes fueron atendidos de forma inmediata, mientras que otros continúan en gestión.
Uno de los puntos que generó inquietud fue la reubicación de puestos de votación en los días previos a la jornada. Según el informe, la decisión produjo inconformidad en participantes y autoridades locales. “La decisión de hacer cambios en los puestos de votación podría haber tenido un impacto significativo en las zonas rurales y haber afectado el ejercicio del derecho al voto de sus habitantes”, advirtió la entidad. Por ello, solicitó a la organización electoral publicar información detallada sobre la distribución de los puestos, con el fin de dimensionar su impacto.
El documento también alertó sobre situaciones de aglomeración registradas en al menos 13 departamentos, que generaron afectaciones en el acceso oportuno al voto, especialmente en zonas de alta afluencia. Asimismo, se recibieron reportes sobre insuficiencia de material electoral, lo que habría representado un riesgo para la garantía del derecho al sufragio. Estos casos fueron discutidos en el PMU, donde se adoptaron correctivos para mitigar la situación.
La Defensoría agradeció la disposición de las autoridades para atender los hechos reportados. En particular, destacó la respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que activó planes de contingencia para ampliar mesas de votación y garantizar el sufragio de quienes permanecían en filas al cierre de la jornada. “Le hicimos un llamado a la Registraduría para que todas estas personas pudieran votar y estuvimos vigilantes de esta garantía”, señala el informe.
En cuanto al despliegue institucional, la entidad informó que realizó monitoreo en tiempo real a través de sus 42 regionales, unificó la información con la Registraduría y revisó de manera constante la plataforma Uriel. Además, se contó con la presencia de 1.058 servidores en puestos y 266 defensores públicos a nivel nacional.
Sobre las novedades reportadas, 85 casos corresponden a dificultades logísticas y censales, relacionadas con la organización de puestos de votación e inconsistencias en inscripción. Otros 14 casos están asociados a orden público y seguridad, incluyendo amenazas, presencia de actores armados y enfrentamientos. Trece reportes adicionales se vinculan con presuntas acciones contrarias a las normas electorales por parte de ciudadanos, testigos, jurados o candidatos.
Finalmente, la Defensoría aseguró que continuará acompañando las acciones institucionales durante la etapa restante del proceso electoral para garantizar la participación política y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
