La Defensoría del Pueblo rechazó el atentado ocurrido el pasado martes contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en la ciudad de Neiva, Huila, en el que perdió la vida un niño de 11 años, hijo del director del Establecimiento de Mediana Seguridad, y resultó gravemente herido el subdirector del centro de reclusión.
La entidad señaló a través de un comunicado que este hecho no podía entenderse como un caso aislado, sino como parte de una cadena de violencias que ha afectado de manera reiterada al sistema penitenciario del país.
Con esto en cuenta, la entidad también recordó el asesinato del director de la Cárcel Modelo en mayo de 2024, así como los múltiples atentados registrados en 2025 contra funcionarios del INPEC en ciudades como: Bogotá, Cali, Tulúa, Armenia y Cartagena, que dejaron dragoneantes y servidores administrativos muertos.
De acuerdo con la Defensoría, la persistencia de estos hechos evidencia fallas graves en las estrategias de prevención y protección, por lo que reiteró la urgente necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad del cuerpo de custodia y vigilancia, así como de todo el personal penitenciario.
Que, aseguraron, desempeñan su labor en contextos de alto riesgo, donde se exponen a amenazas y agresiones, sin contar con respuestas estructurales suficientes que garanticen su vida, integridad y la de sus familias.
Por otra parte, la Defensoría también trajo a colación que ya desde octubre de 2025 había recomendado al Ministerio de Justicia y del Derecho evaluar integralmente las condiciones laborales y de seguridad del personal penitenciario, fortalecer la coordinación interinstitucional en los traslados, revisar perfiles de riesgo, diseñar una ruta integral de protección a la vida, y brindar acompañamiento psicosocial y jurídico a las familias de funcionarios heridos o fallecidos.
Lo que mencionaron, es un llamado que hoy adquirió mayor urgencia ante el hecho de violencia donde murió el menor. Finalmente, y ante la situación ocurrida el día 13 de enero, la Defensoría instó a la Fiscalía General de la Nación a adelantar investigaciones prontas y eficaces para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.
Asimismo, llamó a las autoridades nacionales y territoriales a adoptar de manera inmediata medidas efectivas de protección para los servidores del sistema penitenciario y sus familias, y al Gobierno nacional a fortalecer de forma integral las acciones de prevención, seguridad y protección en los establecimientos de reclusión, priorizando una política robusta de protección a la vida e integridad del personal del INPEC.
A través de su Regional Huila, la Defensoría del Pueblo informó también que brindará acompañamiento institucional a las familias afectadas y acompañará la actuación de las autoridades competentes, en el marco de sus funciones constitucionales, para brindar una atención adecuada y la protección de los derechos de los afectados.
