La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento urgente en el que exigió el cese inmediato de los ataques armados indiscriminados registrados en el municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca, y solicitó la activación inmediata de medidas de protección y atención humanitaria para la población civil afectada por la escalada de violencia.
De acuerdo con la información recopilada por la entidad, desde la madrugada del martes 16 de diciembre se han presentado acciones armadas en el casco urbano del municipio, atribuidas a hombres armados que presuntamente integran el Frente Jaime Martínez del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, estructura adscrita al Estado Mayor Central de las disidencias conocidas como las de ‘Iván Mordisco’.
Los hechos incluyeron ataques dirigidos contra la estación de Policía, con impactos directos en zonas pobladas. La Defensoría advirtió que durante el desarrollo de las hostilidades se ha tenido conocimiento de la instalación de artefactos explosivos improvisados y otros mecanismos de alto poder destructivo, tanto en las vías de acceso al municipio como en diferentes puntos del área urbana.
Esta situación ha incrementado de manera significativa el riesgo de detonaciones y ha puesto en peligro inmediato a la población civil, así como a bienes de uso comunitario.
En su evaluación, el organismo de control señaló que estas acciones constituyen graves infracciones al derecho internacional humanitario, al desconocer los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. La utilización de explosivos en zonas habitadas y la forma indiscriminada en que se adelantan las operaciones armadas, según la Defensoría, expone deliberadamente a personas que no participan en el conflicto a riesgos excesivos.
El pronunciamiento también da cuenta de reportes de desplazamientos forzados y confinamientos. Según la información recibida, habitantes de Buenos Aires habrían sido obligados a abandonar sus viviendas en medio de las hostilidades y bajo amenazas directas, sin posibilidad de llevar consigo bienes básicos para su subsistencia.
Adicionalmente, se reporta la existencia de personas confinadas, entre ellas adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres gestantes, bebés recién nacidos, niñas, niños y adolescentes, quienes se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad.
La Defensoría recordó que para este municipio se mantienen vigentes tres Alertas Tempranas emitidas en los años 2020, 2022 y 2023, en las cuales se advirtió de forma reiterada y documentada sobre los riesgos derivados de la presencia y confrontación de grupos armados ilegales en la zona.
La ocurrencia de los hechos recientes, según la entidad, evidencia que las medidas adoptadas hasta ahora han resultado insuficientes para mitigar el riesgo y prevenir el impacto humanitario sobre la población civil.
En ese contexto, la Defensoría calificó la situación como un escenario de emergencia humanitaria, con riesgos de desplazamiento forzado, lesiones graves, afectaciones psicosociales y pérdida de vidas humanas.
Finalmente, exhortó a los actores armados a suspender de inmediato las acciones que ponen en peligro a la población y a respetar de manera estricta las normas del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, al tiempo que instó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a implementar de forma coordinada medidas de protección, atención y asistencia integral.
