En el segundo día del paro armado decretado por el ELN en el departamento del Chocó, la Defensoría del Pueblo emitió una advertencia urgente sobre la grave situación de riesgo que enfrenta la población civil, estimando que al menos 32.000 personas podrían verse afectadas.
El paro armado, que comenzó el pasado 2 de mayo y se extenderá por 72 horas, ha generado restricciones en la movilidad, temor generalizado y alteraciones en la vida cotidiana de comunidades enteras. En este contexto, las autoridades regionales han solicitado el acompañamiento inmediato de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad y proteger a la ciudadanía.
Jenny Rivas, secretaria del Interior del Chocó, expresó su preocupación por el alcance del impacto sobre la población: “Estas cifras son alarmantes porque es un número grande de población que tendríamos en medio de un conflicto donde ellos no tienen absolutamente nada que ver”, indicó.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo enfatizó la necesidad de una respuesta coordinada entre los niveles de gobierno. “Se hace necesaria una efectiva coordinación interinstitucional y la puesta en marcha de acciones urgentes de los gobiernos nacional, departamental y local, para que sea atendida y protegida la población civil en riesgo”, señaló el organismo.
La situación en el Chocó continúa siendo crítica, y organismos de derechos humanos, así como líderes comunitarios, han llamado la atención sobre la urgente necesidad de presencia estatal en zonas vulnerables, donde históricamente se ha vivido el accionar de grupos armados ilegales.
