La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional tras los graves hechos de violencia ocurridos este fin de semana en zonas rurales de los municipios de Briceño y Anorí, al norte del departamento de Antioquia, que provocaron el desplazamiento de miles de personas.
Según información entregada por las autoridades, la situación se originó por enfrentamientos armados entre las disidencias del Frente 36 de las extintas Farc y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), que obligaron a más de dos mil habitantes a abandonar sus hogares, además de reportarse presencia de minas antipersona en las áreas afectadas.
En Briceño, de acuerdo con el reporte con corte al 19 de octubre, al menos 2.081 personas procedentes de 23 veredas se vieron forzadas a desplazarse hacia la cabecera municipal, superando ampliamente la capacidad de respuesta de las autoridades locales.
La compleja situación llevó a la Gobernación de Antioquia a activar los protocolos de atención a víctimas de desplazamiento forzado y mantener presencia institucional en el territorio.
Se confirmó que funcionarios departamentales coordinan acciones junto a las autoridades locales y organismos de socorro para atender las necesidades básicas de la población afectada, aunque se reporta un colapso en los albergues dispuestos para su atención.
La Defensoría recordó que el riesgo en Briceño ya había sido advertido mediante la Alerta Temprana 035 de 2019, en la que se identificaron posibles desplazamientos, confinamientos, homicidios y uso de artefactos explosivos, como parte de un escenario de violencia persistente.
En Anorí, los combates se registraron en la vereda Los Trozos, en sectores como Tenche Limón, Tenche Salino y Taca Mocho, lo que provocó el desplazamiento de al menos 176 personas que buscaron refugio en la cabecera municipal.
La Defensoría del Pueblo señaló que ha estado presente desde el inicio de la emergencia. “Desde el momento de los hechos participamos en el Subcomité de Prevención y Protección y en el Comité de Justicia Transicional. Además, hemos sostenido diálogo directo con lideresas y líderes sociales, la administración municipal y la Gobernación de Antioquia. Igualmente, articulamos acciones con la Personería Municipal y organismos de cooperación internacional”, indicó la entidad.
La entidad rechazó de manera enfática las acciones que ponen en riesgo a la población civil y constituyen una violación directa al derecho internacional humanitario. Finalmente, recordó que esta zona del departamento ha sido históricamente disputada por grupos armados ilegales debido a su ubicación estratégica, la presencia de economías ilícitas y los corredores de movilidad que conectan con el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño.
