La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 002 de 2026 ante el incremento reciente de hechos de violencia y la ocurrencia de desplazamientos forzados en el municipio de El Roble, en el departamento de Sucre.
De acuerdo con la entidad, el escenario de riesgo comprende la cabecera urbana y, de manera prioritaria, los corregimientos del suroriente del municipio: Tierra Santa, El Sitio, Grillo Alegre, Palmital, Callejón y Patillal, territorios que limitan con los municipios sucreños de Galeras y San Benito Abad.
La Defensoría fundamenta esta alerta en la posición estratégica de El Roble dentro de la subregión de La Sabana, al ser un corredor que conecta las zonas del sur del departamento, como San Jorge y La Mojana, con las salidas al mar por el Golfo de Morrosquillo. Esta ubicación ha convertido al municipio en un punto de interés para economías ilegales, especialmente el tráfico de drogas y otras actividades criminales.
En el documento se advierte sobre la materialización de graves consecuencias humanitarias. Aunque durante 2025 se presentó un periodo de relativa calma, entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre se registraron cuatro homicidios y un atentado sicarial. Una de las víctimas fue una mujer lideresa campesina del corregimiento El Sitio. Estos hechos derivaron, según un censo elaborado por la Alcaldía de El Roble, en el desplazamiento forzado de 67 familias del corregimiento Tierra Santa.
La Defensoría del Pueblo también señala indicios de subregistro de hechos violentos, asociados al temor de las comunidades a denunciar y a acudir a las instituciones. La ATI indica que cerca del 90 % de las familias desplazadas retornaron de manera voluntaria y sin el acompañamiento institucional previsto en la ruta de atención para retornos, lo que incrementa los riesgos de revictimización, nuevos desplazamientos y posibles despojos o apropiaciones de bienes.
En el municipio ha sido identificada la presencia del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, tanto en zonas rurales como en la cabecera municipal. En este contexto, la Defensoría no descarta la posible incursión de otros grupos armados ilegales interesados en disputar el control territorial, dada la importancia geográfica de El Roble dentro de las rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas.
La población civil enfrenta un temor generalizado que limita la denuncia, afecta el ejercicio de liderazgos sociales y profundiza el subregistro. La situación resulta especialmente preocupante para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes están en riesgo de reclutamiento, vinculación, utilización y uso por parte de actores armados ilegales, así como de instrumentalización en actividades relacionadas con el microtráfico, el cobro de extorsiones y el control social.
También se encuentran en riesgo las mujeres, lideresas y líderes sociales, la población víctima y retornada, comerciantes, servidoras y servidores públicos y personas contratistas que desarrollan labores en el municipio. El desplazamiento y el retorno han generado afectaciones como la desescolarización, mientras que las mujeres enfrentan riesgos específicos de violencias basadas en género en contextos de control armado ilegal.
A esta situación se suma una presencia institucional insuficiente en las zonas rurales, incluida la limitada capacidad de disuasión y respuesta de la fuerza pública. Esto ha derivado en áreas de baja gobernabilidad que facilitan el accionar delictivo y han frenado procesos administrativos, como la restitución de tierras, por la falta de garantías de seguridad.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló 15 recomendaciones en la ATI 002 de 2026, dirigidas a autoridades nacionales y territoriales, entre ellas el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Gobernación de Sucre y la Alcaldía de El Roble. Asimismo, solicitó la puesta en marcha de acciones al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), la Procuraduría Regional de Sucre, entre otras entidades.
Las recomendaciones plantean la necesidad de una respuesta urgente e integral que incluya medidas de prevención y protección, el fortalecimiento de las capacidades de disuasión y judicialización, la atención humanitaria a las familias desplazadas y retornadas, y la activación de rutas de protección para liderazgos sociales, mujeres y niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
