Desde Washington, la defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que la entidad ha documentado presuntas violaciones de derechos humanos en los procesos de deportación de ciudadanos colombianos desde Estados Unidos.
Según indicó, en lo que va del año han llegado al país 29 vuelos con cerca de 3.000 personas expulsadas, muchas de las cuales, asegura, fueron sometidas a tratos inadecuados.
Durante su visita oficial a la capital estadounidense, Marín sostuvo reuniones con representantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con quienes abordó tanto el tema migratorio como el contexto de seguridad en Colombia.
En una entrevista reciente, la funcionaria aseguró que muchas de las deportaciones se estarían llevando a cabo sin una revisión completa de antecedentes judiciales y que los procedimientos estarían centrados únicamente en la condición migratoria irregular. También reportó que la Defensoría ha recibido testimonios sobre separaciones familiares, pérdida de pertenencias, suministro de medicamentos sin control médico y malas condiciones en centros de detención migratoria.
Según explicó, algunos migrantes relataron que solo recibían una barra de cereal al día o que debían usar mantas de aluminio como única protección térmica. Indicó además que algunos detenidos recibían ansiolíticos como trazodona sin supervisión médica adecuada.
La Defensora también advirtió sobre un incremento en el llamado “flujo migratorio inverso”, en el que ciudadanos colombianos están retornando al país atravesando rutas de alto riesgo como la selva del Darién. Señaló que esta zona está bajo el control de actores armados y representa un peligro adicional para quienes la transitan en condición de vulnerabilidad.
Durante su intervención, Marín se refirió a la situación del conflicto armado en Colombia. Según dijo, organizaciones como las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el ELN mantienen control territorial en varias regiones del país y están vinculadas a economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas. Asimismo, afirmó que los fallidos ceses al fuego bilaterales han favorecido la expansión de estas estructuras.
En relación con los esfuerzos de paz del actual gobierno, Marín afirmó que, aunque hubo un acercamiento inicial con el ELN, el proceso no avanzó y el grupo armado aumentó su accionar violento.
También se pronunció sobre el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, indicando que se trató de un hecho sin precedentes en los últimos 30 años. Si bien descartó que el país haya regresado a un escenario de violencia política como el de la década de los noventa, pidió mantener la vigilancia institucional frente al proceso electoral de 2026.
En su gestión al frente de la Defensoría del Pueblo, Marín ha priorizado diez ejes temáticos, entre ellos la protección de líderes sociales, la garantía de derechos para mujeres, niños y adolescentes, el acompañamiento a víctimas del conflicto armado y el acceso a un ambiente sano. Durante su intervención en Washington, sostuvo que el fortalecimiento de la articulación interinstitucional será clave para atender estos desafíos.
