La Defensoría del Pueblo atraviesa una situación crítica por la falta de recursos para cumplir con el pago de honorarios a miles de defensores públicos en todo el país. Así lo confirmó la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien señaló que el Gobierno Nacional no giró los recursos necesarios, lo que impidió efectuar los pagos antes de la Navidad, como estaba previsto.
De acuerdo con Marín, la entidad agotó todas las gestiones administrativas y de planeación requeridas para garantizar el desembolso oportuno. Sin embargo, explicó que, pese a los esfuerzos realizados ante el Ministerio de Hacienda, no se contó con los recursos para cubrir los honorarios de más de 4.200 defensores y defensoras públicas, quienes prestan sus servicios bajo la modalidad de contratación.
“Lamento que no haya sido posible hacer el pago antes de Navidad como lo esperábamos. Agotamos todas las posibilidades que estuvieron a nuestro alcance para lograr que se asignaran los recursos”, manifestó la defensora, al tiempo que reiteró que la Defensoría cumplió con todos los procesos que le correspondían dentro de sus competencias.
Impacto en el acceso a la justicia
La Defensoría del Pueblo recordó que la Defensa Pública es un componente esencial del sistema judicial colombiano, ya que garantiza el acceso a la justicia de las personas que no cuentan con los medios económicos para pagar un abogado. Los defensores públicos asumen la representación judicial en procesos penales, civiles, de familia y otras áreas, especialmente en los sectores más vulnerables de la población.
Según la entidad, cada defensor atiende un número de casos superior a lo que sería razonable en condiciones normales. Aun así, destacó el compromiso y la vocación de servicio de este grupo de profesionales, quienes continúan ejerciendo sus funciones pese a la incertidumbre generada por la falta de pago.
Marín aseguró que tanto a nivel institucional como personal se mantendrán las gestiones necesarias para que los honorarios sean cancelados lo antes posible y se supere la situación que afecta directamente a quienes sostienen la defensa de miles de ciudadanos en todo el país.
Pronunciamiento del gremio de defensores
Por su parte, el Colegio de Defensores Penalistas de Colombia expresó su preocupación por el incumplimiento en el pago de honorarios. A través de un pronunciamiento, el gremio advirtió que no es posible hablar de un sistema de justicia efectivo cuando quienes lo hacen funcionar deben trabajar sin una remuneración oportuna.
El colegio cuestionó que los defensores públicos continúen siendo relegados dentro del sistema judicial y alertó sobre las consecuencias que esta situación puede tener en la calidad del servicio y en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Mientras se buscan soluciones, miles de defensores públicos cerrarán el año sin haber recibido el pago correspondiente por su trabajo, en un escenario que vuelve a poner en evidencia las dificultades estructurales que enfrenta la defensa pública en Colombia.
