La operación militar en Guaviare dejó 25 muertos, entre ellos seis niños víctimas de reclutamiento forzado.
La Defensoría del Pueblo contradijo al Gobierno y pidió respetar el Derecho Internacional Humanitario.
Una fuerte controversia sacude al país tras la confirmación de la Defensoría del Pueblo: seis menores de edad murieron en el bombardeo del Ejército contra un campamento de las disidencias de alias Iván Mordisco en zona rural del Guaviare. El organismo denunció que los niños habían sido reclutados forzosamente y exigió que las Fuerzas Militares respeten los límites del Derecho Internacional Humanitario, contradiciendo la versión oficial que negaba la presencia de menores en la operación.
El operativo, realizado entre el 11 y el 14 de noviembre, tenía como objetivo neutralizar a la cúpula del Estado Mayor Central (EMC), liderada por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”. Según el Ministerio de Defensa, la ofensiva dejó 19 guerrilleros muertos, tres menores recuperados y una captura. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo confirmó que seis niños, niñas y adolescentes murieron en el ataque, además de reportar la recuperación de cuatro cuerpos aún sin identificar.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, calificó el hecho como “profundamente lamentable” y recordó que, aunque los menores pierdan su estatus de civiles al ser sometidos a funciones de combate, esto no habilita su ataque. “Ningún niño reclutado debería resultar afectado por operaciones militares”, afirmó, citando principios del Derecho Internacional Humanitario como humanidad, precaución, proporcionalidad y necesidad militar limitada.
El pronunciamiento contradice las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, quien aseguró que “quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección”. La Defensoría respondió que incluso en escenarios de guerra, los menores reclutados conservan una protección reforzada y no pueden ser tratados como objetivos militares.
Organismos internacionales y expertos en DIH han advertido que este tipo de operaciones deben evaluar métodos que reduzcan el daño colateral. La Defensoría citó jurisprudencia de la Corte Penal Internacional para subrayar que está prohibido causar más muertes o lesiones de las estrictamente necesarias, incluso en ataques legítimos.
El Gobierno, por su parte, insiste en que la responsabilidad primaria recae sobre las disidencias por reclutar menores, práctica considerada crimen de guerra. Sin embargo, el debate sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza y la protección de la niñez en contextos de conflicto sigue abierto y promete tensar aún más la relación entre el Ejecutivo y los organismos de control.
