La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta pública sobre posibles riesgos en la atención en salud de más de 100.000 personas privadas de la libertad, tras la decisión del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de adoptar un esquema de operador único que quedará a cargo de la Nueva EPS.
En un pronunciamiento oficial, la entidad expresó su preocupación frente a la medida, al advertir que se trata de una transición que debe garantizar continuidad y calidad en la prestación del servicio, especialmente para una población que depende exclusivamente del Estado para el acceso a sus derechos fundamentales.
“La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación frente a la decisión del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad de adoptar un esquema de operador único para la prestación del servicio, ahora a cargo de la Nueva EPS”, señala el documento.
La advertencia se fundamenta en la compleja situación financiera, administrativa y operativa que atraviesa la Nueva EPS, escenario que —según recordó la Defensoría— fue advertido por la Procuraduría General de la Nación tras dos años de intervención. Además, menciona el elevado número de acciones de tutela interpuestas contra esa entidad durante 2025.
Para la Defensoría, este panorama “genera incertidumbre sobre su capacidad real para asumir la atención de más de 100.000 personas privadas de la libertad”, una población que, subraya, “depende integralmente de la protección y cuidado del Estado para el ejercicio de sus derechos”.
El organismo de control recordó que la Corte Constitucional ha declarado en cuatro ocasiones el estado de cosas inconstitucional (ECI) en el sistema penitenciario y carcelario —sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 de 2015 y SU-122 de 2022— debido a fallas estructurales persistentes, particularmente en la garantía del derecho a la salud.
Asimismo, citó el Auto 607 de 2024, que evidenció la persistencia de graves barreras de acceso a servicios médicos para esta población.
En ese contexto, la entidad insistió en que la transición debe estar respaldada por estudios técnicos suficientes y una planeación rigurosa, con el fin de evitar interrupciones en tratamientos, suministro de medicamentos y atención oportuna. Recordó además que la Ley Estatutaria 1751 de 2015 “prohíbe retrocesos en la garantía del derecho a la salud”.
En su calidad de entidad líder en el seguimiento al ECI, la Defensoría instó a varias autoridades a adoptar medidas concretas. Entre ellas, pidió a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) “garantizar la prestación inmediata, continua y sin interrupciones de los servicios de salud durante todo el proceso de transición”.
También solicitó al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Salud y a la USPEC presentar y socializar los estudios técnicos, jurídicos, financieros y operativos que sustentan la implementación del operador único, así como divulgar el plan de red integral de prestadores y los contratos que permitan verificar la capacidad instalada para atender a la totalidad de la población privada de la libertad.
Adicionalmente, pidió diseñar un plan de transición detallado con cronograma y responsables claros, fortalecer los mecanismos de supervisión mediante indicadores públicos y verificables, y habilitar canales de información transparentes para internos, familiares y organizaciones sociales.
La Defensoría reveló que desde enero solicitó ser invitada al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud para aportar al proceso de toma de decisiones. Sin embargo, indicó que “pese a haber remitido la debida justificación y la necesidad de dicha participación, a la fecha no ha recibido respuesta alguna”.
Finalmente, el organismo advirtió que activará los mecanismos de su competencia si se materializan riesgos de vulneración o interrupción del derecho fundamental a la salud en los establecimientos de reclusión.
“La humanización del sistema penitenciario y carcelario en Colombia exige la garantía efectiva, oportuna, integral y de calidad del derecho fundamental a la salud, como obligación ineludible del Estado”, concluyó la Defensoría.
