En las últimas horas, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Congreso de la República para que avance de manera inmediata en los dos debates pendientes del proyecto de ley que establece los procedimientos y competencias de la jurisdicción agraria y rural.
A través de un comunicado, la Defensoría reiteró la importancia de esta norma para mejorar el acceso a la justicia de las comunidades rurales y para fortalecer la institucionalidad en los territorios históricamente afectados por conflictos y disputas sobre la tierra.
Según la Defensoría, la aprobación de esta ley representa un paso fundamental en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado en materia de justicia agraria. De acuerdo con la entidad, contar con una jurisdicción especializada que atienda de manera oportuna y técnica los conflictos en el campo es una necesidad que no puede seguir esperando, especialmente en un país donde las tensiones por el uso, posesión y propiedad de la tierra han sido persistentes.
El proyecto de ley, que requiere aún dos debates en el Senado para convertirse en norma, busca regular de manera clara y unificada los procedimientos judiciales en los que se ventilan controversias agrarias.
La iniciativa también define el alcance y las competencias de los jueces agrarios, así como las herramientas y mecanismos que permitirán resolver con mayor eficacia los procesos relacionados con tierras, recursos naturales renovables, actividades productivas rurales y otros asuntos ligados al desarrollo del campo.
La entidad enfatizó que la creación y puesta en marcha de esta jurisdicción contribuiría a cerrar brechas históricas entre las zonas rurales y urbanas. En su comunicado, destacó que miles de campesinos, comunidades étnicas y pequeños productores han enfrentado durante décadas dificultades para acceder a la justicia debido a la dispersión normativa, la falta de especialización de los operadores judiciales y la ausencia de rutas claras para tramitar disputas agrarias.
Asimismo, la entidad señaló que una jurisdicción agraria moderna y funcional permitiría brindar mayor seguridad jurídica a los habitantes del campo, lo que facilitaría procesos como la formalización de la propiedad, la resolución de conflictos de uso del suelo y el fortalecimiento de las economías rurales.
El organismo de control recordó además que este proyecto es uno de los pilares de la política pública orientada al cumplimiento de acuerdos y compromisos relacionados con la reforma rural integral. Por ello, instó al Congreso a priorizar la discusión y votación del articulado, indicando que su aprobación no solo responde a necesidades jurídicas, sino también a demandas sociales de larga data.
En su mensaje, subrayó que avanzar en esta legislación es una condición indispensable para garantizar un mejor futuro a las comunidades rurales, promover el acceso equitativo a la justicia y fortalecer la institucionalidad en los territorios.
