La Defensoría del Pueblo rechazó el anuncio realizado por las disidencias del Estado Mayor Central, bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, sobre la imposición de un paro armado de 22 días en los departamentos de Caquetá y Putumayo. De acuerdo con la información por parte de este grupo armado, estaría prevista para mantenerse hasta el 30 de diciembre.
Al conocer esta información, la Defensoría expresó su rechazo y pidió que no se restrinja la libertad de movilidad ni los derechos de las comunidades ubicadas en las zonas donde se pretende aplicar la medida. La entidad recordó que este tipo de acciones afectan directamente a la población civil y generan mayores riesgos humanitarios.
La institución señaló, a través de X, que la amenaza anunciada por las disidencias profundiza la crisis que viven las comunidades más impactadas por el conflicto armado. En un comunicado, la Defensoría afirmó: “Estas amenazas afectan derechos fundamentales, profundizan el miedo en las comunidades e infringen gravemente el Derecho Internacional Humanitario. Nada justifica someter a la población civil con intimidaciones o presiones”.
Ante el anuncio, la Defensoría activó los sistemas de alerta temprana con el fin de acompañar a las comunidades y hacer seguimiento a posibles afectaciones sobre la seguridad y la movilidad en la región. La entidad también hizo un llamado a las autoridades civiles y de la Fuerza Pública para que adopten medidas que garanticen la protección de las personas y el normal desarrollo de las actividades cotidianas.
De acuerdo con la información difundida por el grupo armado ilegal, el paro se aplicaría en diferentes afluentes y corredores fluviales estratégicos para la movilidad de las comunidades. Entre estos se mencionan los ríos Caquetá, Caguán, Sunciya, Sencella, Jericó, Consaya y Orotuya. También se incluirían los caños Peneya, Rojo, Gringo, Guamo, El Encanto, Esperanza, Huitoto y Sunciya.
La Defensoría reiteró que continuará monitoreando la situación en coordinación con sus equipos regionales y con las instituciones encargadas de la protección de la población civil.
