El abogado Oswaldo Medina, representante legal de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, negó este viernes que su clienta o su equipo jurídico hayan ejercido presión, amenazas o chantajes contra los delegados de la Fiscalía General de la Nación durante las conversaciones para alcanzar un eventual principio de oportunidad dentro de la investigación por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Medina respondió a versiones que circulan en torno a la negociación que su clienta habría intentado entablar con el ente acusador para obtener beneficios jurídicos.
“No es cierto que Sandra Ortiz, este defensor o algún miembro de mi equipo de trabajo hayan amenazado, presionado, chantajeado y mucho menos constreñido a los dos fiscales delegados para esta investigación, ni a ningún otro miembro del ente acusador”, indicó en un comunicado.
El abogado explicó que las conversaciones con la Fiscalía se desarrollaron de manera formal y con el consentimiento de todas las partes. Según su declaración, los encuentros se realizaron en el búnker de la entidad judicial y contaron con la participación de Ortiz, a quien se le permitió revisar su teléfono móvil incautado con el fin de construir matrices de colaboración que permitieran esclarecer hechos relevantes para el proceso.
“Estas conversaciones se adelantaron dentro del respeto, la cordialidad y apoyo de la Fiscalía”, añadió Medina, quien afirmó que recibieron con sorpresa la versión según la cual las negociaciones habrían estado acompañadas de presiones indebidas.
Las declaraciones del defensor legal se conocen en medio de un ambiente de tensión entre la defensa de Ortiz y la Fiscalía. De acuerdo con versiones extraoficiales, la exconsejera buscaba acogerse a un principio de oportunidad que le otorgara inmunidad total a cambio de colaborar con información relacionada con altos funcionarios del Gobierno vinculados al escándalo.
Ortiz habría manifestado su intención de entregar información considerada clave en el marco de la investigación, pero la Fiscalía solamente ofreció un preacuerdo que no incluía inmunidad, sino una reducción de pena sin exigencia de delación.
Según se sabe Ortiz estaría relacionada con la entrega de $3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, en el contexto de la agenda legislativa del Gobierno y la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional. Ortiz habría actuado como intermediaria en esa operación, razón por la cual es señalada con el alias de “la mensajera” dentro del expediente.
Chats divulgados por el mismo medio evidencian que, tras la supuesta entrega de dinero, la votación para dicha elección fue agendada por Name en el Senado. La defensa de Ortiz no se pronunció sobre estos hechos específicos.
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