Dos recientes decisiones del gobierno nacional han encendido las alarmas entre empresarios y analistas económicos. La Superintendencia de Sociedades inició una actuación contra la empresa Postobón, mientras que el Ministerio de Trabajo abrió un proceso sancionatorio contra las tiendas D1 y cerró una de sus tiendas. Aunque se trata de procesos distintos, su cercanía en el tiempo y el contexto en que ocurren, justo tras la aprobación de la nueva reforma laboral, han sido interpretados como señales preocupantes para el sector privado.
Varios sectores han expresado que estas medidas no parecen obedecer exclusivamente a criterios técnicos, y temen que puedan marcar el inicio de una tendencia de presión institucional contra quienes generan empleo formal en Colombia. La simultaneidad de los casos ha sido leída como una acción coordinada, lo que eleva el nivel de incertidumbre entre las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.
En el caso de Postobón, los detalles aún son limitados, y sólo se ha conocido por parte de la sugerencia que coordina Cielo Rusinque, que habrían detectado en algún lote de gaseosas, menos contenido que el indicado en la botella, tras una visita sorpresa, pero preocupa el precedente que podría sentarse en cuanto a la seguridad jurídica para grandes grupos empresariales. Mientras tanto, la actuación contra D1 se basa en presuntas infracciones de seguridad para los trabajadores ñ, aunque desde el sector comercial se critica la forma y el momento del procedimiento, que consideran más punitivo que correctivo.
Gremios han advertido que este tipo de decisiones, sumadas a los nuevos costos laborales derivados de la reforma recién aprobada, podrían incrementar la informalidad, afectar la inversión y debilitar el tejido empresarial.
Expertos consultados por IFMNoticias señalan que si bien el Estado debe ejercer funciones de control, las señales actuales generan desconfianza. Además, la falta de canales institucionales de diálogo previo con los afectados refuerza la percepción de hostilidad gubernamental hacia el empresariado, pasando directamente al plano cognitivo y no hay preventivo mínimo al aviso con periodo correctivo.
La situación preocupa especialmente a las pymes, que no cuentan con los recursos legales ni financieros para enfrentar procesos administrativos complejos. De continuar esta línea de actuación, podría configurarse un entorno adverso para el desarrollo económico en medio de un panorama ya marcado por desaceleración e incertidumbre.
