Una propuesta del Ministerio de Agricultura abrió un nuevo frente de debate en el Suroeste antioqueño. Se trata de un proyecto de resolución que busca declarar Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en los municipios de Betania, Betulia, Pueblorrico y Támesis, una iniciativa que ha generado reacciones críticas desde sectores políticos y comunitarios de la región, que advierten posibles afectaciones a la autonomía territorial y al ordenamiento local del suelo.
Las APPA son una figura contemplada dentro de la política nacional de seguridad alimentaria y ordenamiento productivo del territorio, cuyo objetivo es proteger suelos con vocación agrícola y garantizar su uso prioritario para la producción de alimentos. Sin embargo, en los municipios mencionados, la propuesta ha sido interpretada como una intervención directa del Gobierno nacional en decisiones que tradicionalmente corresponden a los entes territoriales.
Desde el Suroeste, voces locales han señalado que el ordenamiento del territorio es una competencia de los municipios, a través de sus planes de ordenamiento territorial (POT) y de las decisiones adoptadas por los concejos municipales. En ese sentido, consideran que una resolución expedida desde el nivel central podría desconocer procesos de planeación construidos durante años con participación de las comunidades, productores y autoridades locales.
Las críticas también apuntan a una posible afectación a la propiedad privada y a la libertad de los campesinos para decidir qué producir y cómo usar sus tierras. Para algunos líderes regionales, la protección del campo no pasa por imponer restricciones desde Bogotá, sino por fortalecer la planeación local, respetar los derechos de los propietarios y promover acuerdos construidos con quienes habitan y trabajan el territorio.
En municipios como Támesis y Betania, donde la economía rural combina actividades agrícolas tradicionales con otros usos del suelo, existe preocupación por el alcance real de la declaratoria APPA y por las eventuales limitaciones que podría generar sobre proyectos productivos, ambientales o de desarrollo local ya en marcha. Aunque el Ministerio de Agricultura no ha detallado aún los efectos específicos de la medida en cada municipio, el solo anuncio del proyecto ha encendido las alertas.
Desde Antioquia, distintos sectores han insistido en que cualquier decisión sobre el uso del suelo debe surgir del diálogo y el consenso con las comunidades. En esa línea, han reiterado que el desarrollo rural sostenible requiere coordinación entre Nación y territorios, pero sin desconocer la autonomía consagrada en la Constitución.
Por ahora, el proyecto de resolución se encuentra en etapa de discusión y análisis. Las administraciones municipales y actores locales esperan que el Ministerio de Agricultura abra espacios formales de concertación antes de avanzar con una decisión que, según advierten, podría redefinir el futuro productivo de una de las regiones agrícolas más importantes del departamento. Mientras tanto, el debate continúa, con un mensaje reiterado desde el Suroeste: el ordenamiento del territorio debe construirse desde las regiones y con la participación directa de quienes viven del campo.
