A partir de este viernes 2 de mayo y hasta el lunes 5, el ELN ha decretado un paro armado de 72 horas en varias zonas del departamento del Chocó, en medio de una creciente confrontación con el Clan del Golfo.
Según un comunicado emitido por el grupo insurgente, la decisión se toma con el argumento de “evitar afectaciones a la población civil” durante operaciones militares y enfrentamientos con otros actores armados. No obstante, esta medida ha generado preocupación en diversas comunidades del departamento, que históricamente han sido afectadas por el conflicto armado.
Los municipios más golpeados son: Sipí, Nóvita, Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan. En estas zonas, las comunidades afrodescendientes e indígenas han quedado nuevamente atrapadas en medio del fuego cruzado, muchas veces sin posibilidad de movilizarse, acceder a servicios básicos o continuar con sus actividades cotidianas.
El paro armado impuesto por el ELN ha revivido los temores de las comunidades locales, que han sufrido desplazamientos, confinamientos forzados y restricciones a su libertad por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales.
Autoridades locales, organizaciones humanitarias y defensores de derechos humanos hacen un llamado urgente al respeto del derecho internacional humanitario y a garantizar la protección de las comunidades en riesgo.
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