Tras conocerse la orden de captura emitida por la Fiscalía de Guatemala contra el embajador designado ante la Santa Sede, Iván Velásquez, y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, el gobierno del presidente Gustavo Petro reaccionó con contundencia, denunciando una posible instrumentalización de la justicia con fines políticos.
El pronunciamiento oficial de la Cancillería calificó la medida como un atentado contra “los principios fundamentales de la justicia internacional”, mientras que desde distintas entidades del Ejecutivo se alzaron voces de respaldo a los señalados y de rechazo a lo que consideran una persecución.
Gustavo Bolívar, precandidato presidencial y exdirector del Departamento de Prosperidad Social, aseguró que “el Embajador Velásquez encabezó una comisión de la ONU contra la corrupción en Guatemala. Hoy las víctimas de su denuncia le montan un caso a todas luces mentiroso y político. El mismo gobierno de Guatemala lo desmiente”. Añadió además que “la Interpol ha dicho que no activará circular por esta falsa imputación” y expresó su solidaridad con Velásquez y Camargo.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó: “Rechazo agresión inaceptable de Fiscalía Guatemalteca contra actual Fiscal General de Colombia Luz Adriana Camargo y nuestro actual embajador ante el Vaticano y ex Mindefensa Iván Velázquez. Es una afrenta contra personas íntegras y una ofensa a nuestra soberanía”.
En un pronunciamiento extenso, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, consideró que la decisión “no es solo un exabrupto jurídico sino un precedente gravísimo desde un punto de vista político”. Aseguró que se trata de “una instrumentalización grosera de los dispositivos creados en el derecho internacional para luchar contra la corrupción transfronteriza”, y advirtió que se está intentando juzgar a quienes han combatido estructuras criminales en un caso como el de Odebrecht, emblemático por sus implicaciones en toda América Latina.
“Mientras quienes han saqueado las arcas de los Estados se pasean impunemente, quienes han querido desenmascararlos son ahora objeto de hostigamiento judicial”, sentenció Rusinque, y agregó que esto evidencia cómo “el aparato burocrático, cuando es cooptado por fuerzas oscuras, puede convertirse en un arma de persecución”.
Finalmente, la funcionaria llamó a “cerrar filas como nación soberana ante este horror” y expresó su solidaridad con Velásquez y Camargo: “La verdad siempre termina por brillar y pone las cosas en su lugar”.
La orden de captura internacional emitida desde Guatemala se relaciona con las investigaciones sobre el caso Odebrecht, pero el Gobierno colombiano sostiene que la acusación carece de sustento jurídico y representa una desviación de los estándares del derecho internacional, así como una violación a la inmunidad de los altos funcionarios del Estado.
