El reciente nombramiento de René Guarín Cortés como director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ha suscitado una fuerte controversia pública, luego de que circularan versiones sobre presuntos antecedentes judiciales y militancia en el extinto movimiento guerrillero M-19 durante la década de los años ochenta. La información, basada en registros de prensa de la época y documentos judiciales posteriores, ha reavivado el debate sobre los perfiles de quienes asumen cargos estratégicos en el Estado, priorizando la ideología y pertenencia al movimiento guerrillero de M 19, frente a los conocimientos, preparación técnica y profesional para asumir cargos de esta naturaleza e importancia.
De acuerdo con publicaciones periodísticas de finales de los años ochenta, el 28 de mayo de 1988 las autoridades reportaron la captura de un joven identificado como René Guarín Cortés, entonces estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional, junto a otra persona, en un operativo en el que se incautó un arsenal de armas y municiones. Según esas versiones, dentro de un vehículo se hallaron fusiles, carabinas, pistolas, revólveres y granadas, algunas de las cuales habrían sido robadas en acciones atribuidas al M-19 en años anteriores, incluyendo un asalto ocurrido en 1986 en el municipio de Nemocón, donde murió un subteniente de la Policía.
En esos reportes, Guarín Cortés fue señalado como presunto integrante del M-19, organización insurgente que operó en Colombia hasta su desmovilización a comienzos de los años noventa. En ese momento, él tenía 25 años y, según la información publicada entonces, habría sido capturado junto a María Antonia Espitia Barreto, también vinculada en los registros oficiales a esa estructura armada. Estos hechos forman parte de archivos históricos y no corresponden a procesos judiciales recientes.
Años después, el nombre de Espitia Barreto apareció mencionado en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2014, relacionada con la identificación de supuestas células urbanas del Partido Comunista Clandestino de Colombia (PCCC) y del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, estructuras asociadas a redes políticas clandestinas. Dicho fallo hizo referencia a actividades de infiltración en distintos sectores sociales, incluidos barrios, colegios y universidades, sin que ello implicara nuevas imputaciones directas contra Guarín Cortés.
Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha emitido un pronunciamiento detallado frente a estas versiones ni ha precisado si estos antecedentes fueron evaluados durante el proceso de designación. Tampoco se ha informado sobre eventuales impedimentos legales vigentes que afecten la posesión del cargo.
Guarin ha saltado en diferentes momentos al plano mediático nacional como cuando se hizo ver como víctima de la toma del Palacio de Justicia, cometido precisamente por el M-19 pues presuntamente una de sus familiares habría desaparecido en el palacio de justicia en 1985.
En 2016, a Guarín el Estado le entregó finalmente los restos de su hermana, Cristina Guarín, desaparecida por más de 30 años y su daño reparado por el Estado. Pocos se percataron que su hermana desparecida en un acto de toma del M-19, había sido víctima del grupo guerrillero al que pertenecía el hoy nuevo director de inteligencia Nacional, quien fue protagonista del activismo de búsqueda de las víctimas dentro de la retórica que los muertos y desaparecidos se debió al ejército en su retoma, más no por los hechos provocados por la guerrilla.
Hoy René Guarín, es el nuevo director de inteligencia nacional y el caso ha abierto un debate público sobre la memoria histórica del conflicto armado, los procesos de reintegración y los criterios de idoneidad para ocupar posiciones sensibles dentro del aparato estatal. Mientras distintos sectores reclaman explicaciones oficiales, otros recuerdan que muchos exintegrantes de grupos armados se incorporaron a la vida civil y política tras los acuerdos de paz de décadas pasadas.
Por ahora, la discusión continúa en el ámbito público y político, a la espera de aclaraciones institucionales que permitan establecer con precisión el alcance y el contexto de los antecedentes que hoy rodean al nuevo jefe de inteligencia del país.
