En medio de la creciente preocupación por los incidentes registrados en el sistema de transporte masivo Metro de Medellín, Juan Carlos Tafur Hernández, miembro independiente de la Junta Directiva del Metro y nombrado por el gobierno de Gustavo Petro en septiembre de 2023, ha solicitado la intervención urgente de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Tafur, cuestionado miembro de la Junta directiva, quien tuvo contratos por $223 millones de pesos con la administración de Daniel Quintero, dirige esta solicitud a las entidades de control en un contexto de tensiones entre la empresa y el Distrito, derivadas de problemas financieros y operacionales que han afectado al sistema.
En una carta dirigida a ambos organismos, Tafur expresó su preocupación por los “graves hechos operacionales” que han afectado la Línea A del Metro y el Metrocable Línea K desde junio de 2024. Afirmó que estos incidentes, ampliamente conocidos por la opinión pública, han generado inquietud entre los usuarios y la comunidad. Según el miembro de la junta, la administración actual del Metro ha evidenciado fallos en la corrección de estos problemas, además de una falta de acciones preventivas y planes de contingencia adecuados. Tafur pidió a la Procuraduría y la Contraloría que acompañen las acciones correctivas necesarias para garantizar la seguridad y transparencia en la operación del sistema.
Este llamado de atención genera controversia, dado el rol de Tafur en los intentos de la administración de Daniel Quintero por realizar una toma hostil de la gerencia del Metro en diciembre de 2023, junto con Óscar Hurtado y Alejandro Muñoz, secretarios de Hacienda y Planeación de la anterior administración. A pesar de haber sido parte de la junta durante esa crisis, Tafur, quien hoy llama a los órganismos de control, no advirtió en su momento, sobre el incumplimiento del pago del Fondo de Estabilización Tarifaria por $87.123 millones, deuda que la administración de Quintero mantenía y que puso en alto riesgo financiero al Metro; pero sí hoy, hace llamado a los órganos de control que no solicitó cuando en tiempos de Quintero, debió llamar. La falta de estas alertas llevó a la empresa a demandar al Distrito por la deuda.
Ahora, Tafur centra su atención en los problemas operativos y busca sembrar dudas sobre la gestión actual del Metro, mientras las denuncias sobre su propia falta de advertencias previas en materia financiera siguen generando cuestionamientos.
La intervención de la Procuraduría y la Contraloría será clave para determinar el impacto real de los incidentes operativos y si las gestiones actuales del Metro pueden garantizar la continuidad del servicio sin mayores afectaciones a los ciudadanos del Valle de Aburrá.
