El presidente Gustavo Petro firmó este 11 de junio de 2025 el decreto que convoca a los colombianos a votar una consulta popular. El documento, identificado como el Decreto 0639 de 2025, contó con 18 firmas de ministros y funcionarios, pero cuatro altos funcionarios del Gobierno no estamparon su rúbrica.
Entre quienes no firmaron se encuentra la canciller Laura Sarabia. Su ausencia llamó la atención, debido a la cercanía que ha mantenido con el presidente Petro desde el inicio del actual gobierno. Según se conoció, Sarabia se encontraba fuera del país cumpliendo una agenda oficial en Bruselas, motivo por el cual la ministra encargada de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, firmó en su lugar.
Junto a Sarabia, tampoco firmaron el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma; la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Lena Yanina Estrada; y el designado ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. En el caso de Montealegre, su nombramiento aún no se encuentra formalizado, por lo cual el ministro encargado, Augusto Alfonso Ocampo, firmó el documento.
El decreto fue firmado después de que el Senado de la República negara la iniciativa de convocar la consulta. A pesar de esta decisión del Legislativo, el jefe de Estado procedió con la expedición del decreto que llama a los ciudadanos a pronunciarse en las urnas el próximo 7 de agosto, sobre 12 preguntas relacionadas con la reforma laboral.
Entre los ministros y funcionarios que sí firmaron el decreto se encuentran: Armando Benedetti (Interior), Pedro Arnulfo Sánchez (Defensa), Yannai Kadamani Fonrodona (Culturas), Patricia Duque Cruz (Deporte), Carlos Rosero (Igualdad y Equidad), Rosa Yolanda Villavicencio (Relaciones Exteriores – E), Yesenia Olaya (Ciencia), Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud), María Fernanda Rojas Mantilla (Transporte), Daniel Rojas (Educación), Germán Ávila Plazas (Hacienda), Augusto Alfonso Ocampo (Justicia – E), Martha Viviana Carvajalino Villegas (Agricultura), Antonio Sanguino (Trabajo), José Luciano Sanín Vásquez (Minas y Energía – E), Diana Marcela Morales Rojas (Comercio), Christian David Díaz Bulla (Ambiente – E), Helga María Rivas (Vivienda), y Julián Molina Gómez (TIC).
Antes de la expedición del decreto, el presidente Petro había anticipado que los ministros que no firmaran serían relevados de sus cargos por no estar alineados con los objetivos del Ejecutivo.
La expedición del decreto también ha dado lugar a acciones legales por múltiples demandas que han sido interpuestas contra los ministros que firmaron el acto administrativo por senadores y congresistas como Paloma Valencia, JotaPe Hernández, Daniel Briceño, entre otros. Además, el decreto fue demandado por supuestamente desconocer la negativa del Senado del pasado 14 de mayo.
Si se mantiene el cronograma planteado por el Gobierno, la consulta popular se realizaría el próximo 7 de agosto. Sin embargo, el presidente Petro ha manifestado que podría retirar la convocatoria si el Senado aprueba la reforma laboral, la cual ya cuenta con el visto bueno de la Cámara de Representantes.
