El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles un presupuesto de 209 millones de dólares para Colombia en el año fiscal 2026, lo que representa una disminución del 50% frente a los recursos asignados para el periodo anterior.
La decisión estuvo acompañada de múltiples críticas, tanto por parte de congresistas republicanos como demócratas, sobre la conducción del gobierno del presidente Gustavo Petro.
La votación, que cerró con 35 votos a favor y 27 en contra, reflejó el consenso bipartidista respecto a la necesidad de reevaluar la política exterior hacia Colombia. Según el texto aprobado, los recortes afectan en un 26% los fondos destinados a programas de seguridad, mientras que las partidas dirigidas a operaciones sociales o económicas se reducen en un 66%.
Dentro del paquete asignado, 103 millones de dólares serán destinados a la lucha contra el narcotráfico, 38 millones a las Fuerzas Armadas y 67 millones a iniciativas de desarrollo y asistencia económica.
Durante la presentación del proyecto, el republicano Mario Díaz-Balart, presidente del subcomité para Operaciones en el Extranjero, afirmó que esta decisión obedece al «fracaso del gobierno Petro» en prevenir la violencia política, enfrentar el deterioro económico y contener el crimen transnacional. Díaz-Balart sostuvo que los recursos no deben ser entregados a países que no avanzan en intereses compartidos con Washington.
Legisladores demócratas también manifestaron inquietudes sobre la situación en Colombia. El congresista Adriano Espaillat señaló que, aunque no respalda los recortes generalizados en la región, entiende las medidas aplicadas al caso colombiano debido al aumento del narcotráfico y la violencia política. Por su parte, Henry Cuéllar, representante por Texas, declaró que no se puede seguir enviando ayuda a un país cuyos líderes «no toman posiciones con Estados Unidos».
El informe detalla preocupaciones relacionadas con el comportamiento del gobierno Petro, señalando una creciente inestabilidad, el resurgimiento de grupos armados ilegales, y un debilitamiento del Estado de derecho. Además, menciona posibles irregularidades en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe, entre ellas vigilancia no autorizada, obstáculos al derecho a la defensa y conflictos de interés.
El documento también exige como condición para el desembolso de los recursos que el secretario de Estado de EE. UU. presente un informe sobre las relaciones bilaterales, evaluando si las políticas del gobierno colombiano se alinean con intereses estratégicos estadounidenses. Adicionalmente, restringe hasta un 30% de los fondos destinados a la lucha antidrogas hasta que Colombia demuestre avances en la reducción de cultivos de coca, extradiciones de narcotraficantes y cooperación efectiva en esa materia.
El embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, quien se encontraba en el Capitolio al momento de la votación, consideró que el lenguaje del informe no refleja con precisión la realidad bilateral y señaló que se trata de una etapa inicial del proceso legislativo.
García-Peña indicó que el Senado presentará su versión del presupuesto y que posteriormente se conformará una comisión de conciliación entre ambas cámaras para acordar el texto final.
Desde el sector empresarial, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, interpretó el recorte como una señal política ante preocupaciones por el deterioro en la lucha contra el narcotráfico, el aumento de la violencia y cuestionamientos al respeto por el Estado de derecho. Lacouture advirtió que esta reducción afectará iniciativas clave para la consolidación de la paz y el apoyo económico a comunidades vulnerables.
La plenaria de la Cámara de Representantes debatirá el proyecto en septiembre. Paralelamente, el Senado prepara su propia versión. Posteriormente, se instalará una comisión de conciliación para unificar los textos y definir la asignación final.
