Luego de que la Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificara la condena a seis años de prisión contra la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta, esta solicitó al Tribunal Oral Federal 2 cumplir la pena bajo detención domiciliaria en su residencia ubicada en el barrio de Monserrat, en Buenos Aires.
La solicitud fue presentada por sus abogados el pasado martes, el mismo día en que se conoció el fallo del alto tribunal que también determinó su inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. En el documento radicado ante el tribunal se expone que la petición no se hace bajo una pretensión de privilegio, sino en atención a razones de seguridad institucional y personal.
Fernández de Kirchner se pronunció mediante X el día de hoy para exponer que, por haber ocupado la Presidencia de la Nación en dos periodos consecutivos, la ley argentina establece que debe contar con custodia de por vida, una medida obligatoria y no renunciable. A esta razón se suma, según indica, el antecedente del intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022, mientras se desempeñaba como vicepresidenta, hecho que continúa siendo investigado por la justicia. En dicho atentado, un arma fue apuntada a su rostro a corta distancia, pero el disparo no se efectuó.
En sus redes sociales, la exmandataria compartió un enlace al documento oficial presentado al tribunal, señalando que el contexto de inseguridad y las amenazas latentes hacen inviable su reclusión en un establecimiento penitenciario común. En la solicitud, también se pide que mientras se resuelve de fondo la petición, su detención se efectúe de manera provisoria bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Fernández de Kirchner anunció además que se presentará personalmente en los tribunales de Comodoro Py el próximo miércoles 18 de junio para “estar a derecho”, reiterando que ha cumplido con todas las citaciones judiciales a lo largo de los distintos procesos en su contra.
La condena que dio origen a esta solicitud fue confirmada por la Corte Suprema tras agotar las instancias ordinarias, en el marco de una investigación por presunto direccionamiento de contratos de obras públicas hacia la empresa Austral Construcciones, del empresario Lázaro Báez, en la provincia de Santa Cruz durante sus mandatos entre 2007 y 2015.
El proceso y sus consecuencias han generado fuertes divisiones políticas y sociales en Argentina, con sectores que respaldan la actuación de la justicia y otros que denuncian una persecución judicial motivada políticamente. Por su parte, Fernández de Kirchner ha sostenido que es víctima de una campaña de proscripción impulsada desde el poder económico y judicial.
Cristina Kirchner
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