La Justicia Especial para la Paz (JEP) enfrenta una nueva controversia tras la denuncia de la Corporación Mil Víctimas, una organización que defiende a militares y policías afectados por el accionar de las Farc, por la demora en el reconocimiento de cerca de 400 casos de víctimas en el marco del Caso 10, que investiga crímenes no amnistiables de esa guerrilla.
Según la directora de la Corporación Mil Víctimas, Giovanna Ortega, la organización acudirá ante la Procuraduría General de la Nación para exigir una intervención en el proceso de acreditación de los miembros de la Fuerza Pública, ya que, según ella, las magistradas Julieta Lemaitre y Marcela Giraldo aún no han dado una respuesta satisfactoria, a pesar de que la corporación entregó en 2022 un informe titulado Dolor, Superación y Gloria, el cual incluye los nombres y los hechos victimizantes.
Ortega explicó que la JEP ha negado solicitudes de reconocimiento, desconociendo normas del Derecho Internacional Humanitario, como el uso de métodos ilícitos de combate.
Además, denunció que en algunos casos la JEP rechaza las solicitudes de acreditación sin garantizar que los militares afectados tengan acceso a un abogado, lo que impide apelar los fallos desfavorables.
«Los militares, policías y sus familias víctimas del conflicto quedan desprotegidos por el sistema en la JEP», señaló Ortega, subrayando que muchos de ellos no tienen conocimientos legales para defenderse.
La situación fue expuesta en la última Mesa Técnica realizada por la JEP, un encuentro convocado precisamente ante la preocupación de las víctimas militares. Este retraso en la acreditación de los afectados ha llevado a que varias declaraciones de excombatientes de las Farc programadas para ser escuchadas hayan sido aplazadas, generando aún más frustración entre las víctimas.
La respuesta de la JEP y los reclamos de la Corporación Mil Víctimas
La JEP reconoció las demoras en el caso y afirmó que el proceso de acreditación sigue su curso en los 11 macrocasos que investiga, argumentando que no pueden priorizar un caso sobre otros.
La magistratura indicó que hasta ahora han sido reconocidos 1.519 militares y civiles en peticiones de acreditación no gestionadas por Mil Víctimas, y puso de ejemplo el Caso 01, que se refiere a secuestros, donde aún hay víctimas en proceso de acreditación.
Asimismo, la JEP justificó algunos rechazos, afirmando que en ciertos casos los solicitantes buscan ser reconocidos por crímenes amnistiables o no logran demostrar responsabilidad directa de las Farc.
Además, explicó que los recursos “limitados” de la entidad no permiten asignar abogados para todos los que buscan acreditación, sino únicamente para las personas ya reconocidas como víctimas.
Procuraduría y Ministerio de Defensa en la mira
Ante la falta de avances, la Corporación Mil Víctimas ha solicitado a la Procuraduría que ejerza una supervisión especial sobre la JEP, para que esta garantice los derechos de las víctimas militares en los plazos establecidos.
Ortega también informó que el Ministerio de Defensa ha sido notificado, buscando verificar si existe alguna estrategia para enfrentar esta problemática que, según la Corporación, afecta los derechos fundamentales de los miembros de la Fuerza Pública, y vulnera su acceso a la verdad y la justicia.
El llamado de Mil Víctimas apunta a una revisión urgente de la JEP sobre los casos de militares y policías víctimas del conflicto, cuya acreditación sigue siendo una promesa incumplida en medio de un proceso de paz que debería dar respuestas a todos los afectados.
