Continúan acumulándose las acciones legales contra el decreto presidencial firmado por el presidente Gustavo Petro y sus ministros, mediante el cual se convoca a la consulta popular sobre la reforma laboral, pese a la negativa previa del Senado.
A las demandas ya interpuestas por partidos políticos, se suma ahora la denominada «tutelatón» promovida por ciudadanos y juristas que buscan frenar los efectos del acto administrativo.
Uno de los primeros en acudir al Consejo de Estado fue el abogado Germán Calderón España, quien interpuso una acción de tutela argumentando violación al debido proceso, a la legalidad y a las reglas establecidas para los mecanismos de participación ciudadana. En un video difundido por sus redes sociales, Calderón explicó los fundamentos de su demanda.
“Interpuse acción de tutela ante el Consejo de Estado contra el decreto que convoca a la consulta popular del Gobierno Nacional porque en el mismo se aduce que de conformidad con el artículo treinta y tres de la ley diecisiete cincuenta y siete dos mil quince de mecanismo de participación ciudadana el gobierno estaría habilitado para convocarla sin el concepto favorable del Senado de la República porque entienden que este no se dio en la sesión del catorce de mayo de dos mil veinticinco», afirmó Calderón.
El jurista añadió que, según las pruebas aportadas, entre ellas un certificado firmado por el presidente del Senado, sí existió una respuesta al recurso de apelación interpuesto por la senadora María José Pizarro. Con base en este documento, solicitó la suspensión de los efectos jurídicos del decreto mientras se resuelve de fondo la legalidad del acto.
A esta acción judicial se sumó el senador Jota Pe Hernández, quien también presentó una demanda contra el decreto 639 de 2025. A través de su cuenta de X, el congresista hizo público el anuncio de la radicación.
“He radicado demanda en contra del decreto 639 de 2025 con solicitud de medida cautelar para que se suspenda de inmediato. Petro decidió pisotear la institucionalidad, golpeando la separación de poderes, pasando por encima del Congreso. Ha violado el art 104 de la constitución”, manifestó el senador Hernández.
Las acciones presentadas por Calderón España y Hernández se agregan al conjunto de demandas que ya cursan en las altas cortes, incluyendo la interpuesta por ocho partidos políticos de oposición e independientes, quienes también solicitaron al Consejo de Estado la nulidad por inconstitucionalidad del decreto firmado por el Ejecutivo.
En el curso legal, con el concepto previo del Senado, con base en el decreto del Presidente, el registrador Hernán Penagos, tendría que convocar y desembolsar los recursos de la campaña, más de $700.000 millones de pesos, según la Contraloría.
Mientras avanzan los trámites judiciales, la controversia sobre el alcance y la legalidad de la convocatoria a la consulta popular continúa escalando en los diferentes frentes políticos, jurídicos e institucionales del país.
