El programa Jóvenes en Paz, una de las iniciativas centrales del Gobierno Nacional para prevenir la vinculación de jóvenes a actividades ilícitas y grupos armados, volvió a ser objeto de debate público tras una serie de observaciones planteadas por el concejal de Bogotá Andrés Barrios.
La iniciativa, dirigida a jóvenes entre los 14 y 28 años en contextos de vulnerabilidad, contempla un subsidio mensual condicionado al abandono de prácticas ilegales y a la participación en procesos formativos y de acompañamiento psicosocial.
Según la información expuesta por Barrios, las inquietudes se originaron luego de que solicitó datos al Ministerio de Igualdad y Equidad mediante un derecho de petición. Ante la falta de respuesta dentro de los plazos legales, el concejal interpuso una acción de tutela, lo que permitió acceder a documentos relacionados con la ejecución presupuestal y los mecanismos de seguimiento del programa.
Barrios señaló que, con base en la información recibida, la iniciativa habría ejecutado más de 344.000 millones de pesos sin contar con esquemas robustos para verificar la participación de los beneficiarios o la desvinculación efectiva de actividades delictivas.
De acuerdo con el concejal, tampoco existirían reportes consolidados que permitan medir el impacto del subsidio ni la trazabilidad de los casos, pese a que en 2024 se registraron más de 1.600 retiros del programa.
El cabildante comparó el volumen de recursos asignado a Jóvenes en Paz con inversiones realizadas recientemente en infraestructura educativa. Señaló que proyectos como la construcción de un bloque académico en la Universidad del Valle, financiado con 22.800 millones de pesos, han beneficiado a miles de estudiantes. Con base en esa relación, afirmó que el monto ejecutado por Jóvenes en Paz equivaldría a financiar múltiples obras de similares características en diferentes regiones del país.
Barrios también indicó que, dentro de la información entregada por el Ministerio, se reportan más de 50.000 transferencias efectuadas a más de 7.000 menores de edad. Sin embargo, sostuvo que no existe claridad sobre si todos los receptores pertenecían al perfil poblacional establecido por el programa, lo que en su criterio genera incertidumbre sobre la validación de los beneficiarios.
Otro punto mencionado por el concejal se refiere a la imposibilidad, según los documentos oficiales, de determinar las razones por las cuales más de 1.600 jóvenes se retiraron del programa durante el último año. Barrios señaló que esta ausencia de información impediría establecer patrones, riesgos o niveles de efectividad en los procesos de acompañamiento previstos.
En sus declaraciones, el concejal pidió que el Gobierno Nacional presente información detallada que permita evaluar la viabilidad del programa y sus mecanismos de control, con el fin de garantizar que los recursos públicos estén siendo administrados conforme a los objetivos planteados. Añadió que la revisión integral del modelo sería clave para establecer si los componentes operativos, presupuestales y de seguimiento cumplen con las condiciones requeridas para su continuidad.
