La Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC), rechazó la solicitud presentada por la Presidencia de la República para emitir, de manera conjunta en canales públicos y privados, un programa institucional relacionado con la consulta popular y la convocatoria a marchas el próximo 1 de mayo.
Según el comunicado emitido por la CRC, el contenido titulado “1 de mayo Consulta Popular”, remitido el pasado 24 de abril, fue revisado y no cumplió con los criterios establecidos para la utilización de los espacios institucionales. De acuerdo con la regulación vigente, estos espacios deben tener fines estrictamente informativos o de interés general y no pueden ser utilizados para actividades por fuera de la normatividad.
Aplicación estricta de los requisitos para el uso de medios
Desde recientes fallos judiciales y escándalos relacionados con el uso de medios públicos para programas de televisión oficiales disfrazados de alocuciones presidenciales, la CRC ha reforzado los controles sobre las solicitudes provenientes de la Presidencia. Cada solicitud debe ser presentada a través de un formulario formal, en el que se justifique el objetivo y el contenido del espacio solicitado, conforme a los lineamientos legales que debe argumentar.
Los espacios institucionales están destinados exclusivamente a informar a la ciudadanía sobre temas de gobierno de manera neutral. En ese contexto, la Comisión evaluó que la iniciativa de transmitir un programa enfocado en la consulta popular y en la movilización ciudadana para el Día del Trabajo no se ajustaba a los usos permitidos.
Controversias recientes sobre el uso de medios públicos
La polémica sobre el manejo de la televisión pública se ha intensificado en las últimas semanas. Algunos sectores han criticado la utilización de espacios institucionales para difundir contenidos que, según denuncias, se apartan de su finalidad original. El Gobierno nacional cuenta con el Canal Institucional y Señal Colombia para realizar sus transmisiones oficiales, sin embargo, los intentos por interrumpir la programación regular de otros medios para emitir contenidos no claramente clasificados como alocuciones presidenciales han generado debate.
En esta ocasión, aunque el contenido propuesto no era una alocución presidencial formal, su propósito de promover la participación en marchas y en una consulta popular le otorgaba un matiz político que contravenía la normativa vigente. La CRC, actuando conforme a sus competencias, decidió negar la solicitud, preservando así el principio de neutralidad en el uso de los medios de comunicación bajo su supervisión.
Este episodio pone nuevamente en evidencia la importancia del cumplimiento estricto de las reglas que rigen la comunicación institucional y plantea interrogantes sobre la estrategia del Gobierno para promover sus iniciativas en el marco de las restricciones legales vigentes.
