La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) informó que no fue aprobada la solicitud presentada por la Presidencia de la República el pasado 24 de abril para transmitir un espacio institucional destinado a la promoción de la consulta popular y la convocatoria a marchas para el 1 de mayo.
En el comunicado oficial, la CRC explicó que la solicitud fue evaluada conforme a las disposiciones del artículo 55 de la Ley 182 de 1995 y que no cumplía con los requisitos exigidos por la normativa para ser transmitida como Espacio Institucional. La entidad precisó que la decisión «no constituye un acto de censura», sino que responde al cumplimiento del marco regulatorio vigente.
La Comisión detalló que el contenido solicitado combinaba una convocatoria a una movilización política con la difusión de información relacionada con la consulta, por lo que recomendó tramitar de manera separada las solicitudes para respetar la autonomía institucional y los límites legales.
La CRC señaló que los Espacios Institucionales deben destinarse exclusivamente a informar sobre funciones de las entidades del Estado, promover la unidad familiar, el civismo, la educación, los derechos humanos y la cultura, en cumplimiento de la Resolución CRC 5050 de 2016 y la Ley 182 de 1995.
Desde agosto de 2022, la CRC ha aprobado 68 solicitudes de Espacios Institucionales presentadas por la Presidencia de la República. Estas transmisiones, según la entidad, se ajustaron a las finalidades permitidas.
La Comisión enfatizó que su rol se limita a verificar que los contenidos se ajusten a los fines establecidos en la normativa y que no realiza censura ni controla el contenido de las expresiones políticas o manifestaciones emitidas por las autoridades o movimientos políticos.
En respuesta a la decisión de la CRC, el presidente Gustavo Petro reaccionó a través de su cuenta de X, donde calificó la medida como un acto de censura. Petro afirmó que la Comisión impidió la convocatoria a la marcha del primero de mayo para defender la consulta y sostuvo que se utilizarán todos los medios de comunicación disponibles para promover la participación ciudadana. El mandatario anunció también que responderán judicialmente y convocó a la ciudadanía a movilizarse masivamente.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, también se pronunció tras conocer la decisión. Durante un consejo de seguridad extraordinario en Malambo, Atlántico, Benedetti expresó su desacuerdo con el actuar de la CRC. El jefe de la Cartera afirmó que la consulta popular aún no ha sido formalizada, por lo que no debería estar sujeta a restricciones.
Benedetti sostuvo que lo que existe actualmente es una iniciativa en desarrollo y que el proceso debe pasar por varias etapas, entre ellas la presentación de preguntas al Senado y el reconocimiento posterior por parte del Consejo Nacional Electoral antes de convertirse en una consulta oficial. Según el funcionario, no puede prohibirse al Presidente ni a ningún funcionario hablar sobre un proyecto que aún no ha sido aprobado.
El Ministro calificó como un error la decisión de la CRC y sugirió que algunos de sus integrantes podrían estar influenciados políticamente, al señalar que «esos son de Duque los que están ahí», en referencia al expresidente Iván Duque. Benedetti insistió en que no existe actualmente una consulta oficial y que, por tanto, no procede una limitación a la discusión pública sobre el tema.
La CRC reiteró que su decisión se fundamentó estrictamente en el cumplimiento de las disposiciones regulatorias vigentes y no en un intento de censura. Además, sugirió a la Presidencia tramitar por separado dos solicitudes: una para invitar a la ciudadanía a participar en las marchas del 1° de mayo y otra para socializar información pedagógica sobre el mecanismo de consulta popular que será presentado ante el Senado de la República.
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