La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) anunció que expedirá una circular con las directrices para la aplicación del fallo emitido por la sección tercera del Consejo de Estado, que impone límites a las alocuciones presidenciales en medios de comunicación públicos y privados.
La medida busca establecer los mecanismos de control ordenados por el alto tribunal y definir las condiciones bajo las cuales podrán emitirse estas intervenciones.
Según explicó la comisionada y directora ejecutiva de la CRC, Claudia Ximena Bustamante, el documento reglamentario se elaboró desde la sesión de contenidos audiovisuales de la entidad y se ajustará estrictamente a los parámetros definidos por el Consejo de Estado.
“Se está trabajando en unos lineamientos claros para que la Presidencia de la República y los operadores de televisión tengan reglas precisas sobre el cumplimiento de la decisión judicial”, afirmó la funcionaria.
La CRC recordó que el fallo tiene carácter de cumplimiento inmediato, tanto para el Gobierno como para los canales que transmiten las alocuciones. A partir de la fecha, estas tendrán que limitarse a una emisión semanal, ser presentadas directamente por el presidente, referirse a temas de urgencia o trascendencia nacional y contar con una duración razonable.
Asimismo, la Comisión definirá cómo se ejercerá el control previo, concomitante y posterior sobre las transmisiones, conforme lo dispuso la sentencia del Consejo de Estado. Este proceso busca garantizar que las alocuciones cumplan con los requisitos legales establecidos y no se utilicen con fines diferentes a los institucionales.
Paralelamente, la CRC enfrentó críticas este viernes por una comunicación enviada a varios medios de televisión en la que solicitaba información sobre sus criterios editoriales y procesos internos de producción de noticias. La carta, firmada por la coordinadora ejecutiva de la entidad, Zoila Vargas Mesa, pedía detalles sobre la selección de temas, fuentes y enfoques informativos, así como actas o soportes documentales de los comités editoriales.
El requerimiento generó inconformidad entre directores de medios y organizaciones de libertad de prensa, que consideraron que la solicitud podría interpretarse como un intento de interferir en la independencia editorial o censura. Además, el documento advertía sobre posibles medidas administrativas en caso de no entregar la información solicitada.
Ante la controversia, la CRC aclaró que no habrá sanciones para los medios que decidan no remitir la información y que el propósito del ejercicio era únicamente recopilar experiencias sobre pluralismo y buenas prácticas informativas. La comisionada Andrea Muñoz Gómez explicó que la intención era “conocer cómo se garantiza la imparcialidad y la protección de las audiencias”, y no regular las líneas editoriales.
Por su parte, la comisionada Lina María Duque del Vecchio reiteró que la entidad no busca interferir con el trabajo periodístico y que los medios podrán determinar qué información comparten o mantienen en reserva.
La CRC aseguró que respetará la confidencialidad de los datos entregados y que cualquier información suministrada se utilizará exclusivamente para fortalecer el conocimiento institucional sobre el ecosistema mediático colombiano.
Con la próxima circular, la CRC busca cumplir las disposiciones judiciales sobre las alocuciones presidenciales y mantener un diálogo abierto con los medios frente a los mecanismos de regulación de contenidos.
