La Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia en la que exige que todos los casos de violencia sexual contra mujeres sean investigados a fondo.
La decisión fue adoptada por la Sala Penal mediante un documento de 52 páginas que resuelve un caso concreto, pero que también plantea cuestionamientos sobre la respuesta del sistema judicial colombiano ante este tipo de delitos.
El pronunciamiento de la Corte se da en un contexto de aumento en las amenazas contra jueces y fiscales del país. Jorge Enrique Vallejo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, denunció intimidaciones contra operadores judiciales, incluyendo un caso reciente en Valledupar. Según Vallejo, un panfleto atribuido al Clan del Golfo exigía la liberación de dos de sus miembros, generando alarma en la Fiscalía Seccional y entre los funcionarios encargados de la investigación.
La sentencia analiza un caso que tuvo lugar en Bogotá el 8 de abril de 2011. En esa ocasión, José Ángel Ruiz Velasco abordó a una mujer por la espalda, le cubrió la boca con una sustancia de olor similar al alcohol, lo que provocó que perdiera el conocimiento. Posteriormente, fue llevada a la residencia del agresor, donde ocurrió el abuso sexual.
El proceso judicial se inició el 28 de agosto de 2014, cuando Ruiz Velasco fue imputado por el delito de acceso carnal violento. Fue acusado formalmente el 16 de diciembre del mismo año. En agosto de 2019, fue absuelto, pero la Fiscalía apeló la decisión. La Sala Penal del Tribunal de Bogotá revocó la absolución el 3 de septiembre de 2020 y lo condenó a 96 meses de prisión.
La Corte Suprema destacó en su análisis que el proceso judicial no contempló todos los elementos del caso. A pesar de que existían indicios de una segunda agresión, solo se formuló una imputación. Para el alto tribunal, esto demuestra la necesidad de adoptar una perspectiva más amplia en la investigación de casos de violencia sexual, evitando la omisión de hechos relevantes que podrían mostrar un patrón más extenso de violencia.
El fallo enfatiza que las investigaciones deben garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Colombia, incluyendo el enfoque de género en la administración de justicia. La Corte indicó que no deben dejarse de lado elementos que puedan reflejar un contexto sistemático de violencia contra las mujeres.
En medio de este panorama, las autoridades judiciales también reiteraron la necesidad de proteger a jueces y fiscales que han sido objeto de amenazas. Las advertencias recientes han generado alertas institucionales sobre la seguridad de quienes tienen a su cargo procesos judiciales sensibles.
El pronunciamiento de la Corte Suprema se suma a los llamados realizados desde otros sectores del sistema judicial para fortalecer la investigación y sanción de los delitos de violencia sexual, así como para proteger a quienes participan en los procesos judiciales.
