La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenó este viernes 2 de mayo la libertad inmediata del exsenador del Centro Democrático, Ciro Alejandro Ramírez Cortés, quien se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá desde diciembre de 2023.
Ramírez es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho y celebración indebida de contratos. La acusación está relacionada con su presunta intervención irregular en la adjudicación de al menos 15 contratos públicos en departamentos como Tolima, Quindío y Valle del Cauca. El caso hace parte del entramado conocido como el escándalo de ‘Las Marionetas’.
Según el fallo, cuya ponencia estuvo a cargo del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, la medida de aseguramiento impuesta en contra del exsenador fue revocada luego de que la Corte concluyera que ya no persiste la necesidad de mantenerla. El alto tribunal argumentó que el único fin que justificaba la detención, era evitar una posible obstrucción a la justicia, la cual ya no está vigente.
“La imposición de la medida de aseguramiento en contra de Ciro Alejandro Ramírez Cortés se soportó exclusivamente en la necesidad de evitar la obstrucción al proceso, comoquiera que su permanencia en libertad representaba un riesgo para la recolección y preservación de las pruebas”, se indica.
El abogado del exsenador, Pedro Nel Escorcia Castillo, había solicitado la revocatoria de la medida, tras considerar que los fines constitucionales de la misma ya se habían cumplido. La Corte señaló que el término de 12 meses se cumplió el pasado 18 de abril de 2025, luego de que se escucharan los alegatos finales el 6 de marzo anterior.
En la acusación, la Corte señala que Ciro Ramírez habría participado en un esquema de direccionamiento de contratos a través de la entidad estatal Proyecta, en coordinación con funcionarios del Departamento de Prosperidad Social (DPS).
Según los investigadores, se habrían realizado reuniones para concretar un contrato interadministrativo por más de 48.000 millones de pesos, justo antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías en noviembre de 2021. De ese contrato se derivaron al menos 13 más, presuntamente manipulados para beneficiar a aliados políticos del entonces congresista.
El riesgo de obstrucción se fundamentó en una visita que hizo Ramírez el 5 de octubre de 2022 al testigo Pablo César Herrera Correa, quien interpretó el encuentro como un intento de influir en su declaración. Sin embargo, la Corte señaló que la práctica probatoria ya fue agotada, y que no hay nuevas circunstancias que justifiquen una medida restrictiva.
En consecuencia, el tribunal ordenó la “libertad inmediata de Ciro Alejandro Ramírez Cortés –previa constatación de que no es requerido por otra autoridad–”, y dispuso la suscripción de una diligencia en la que se compromete a comparecer ante la justicia cada vez que sea requerido.
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