La Corte Suprema de Justicia encontró evidencias contables que comprometen a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro y al Pacto Histórico en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos y la reposición de votos. El documento judicial, conocido en las últimas horas, advierte sobre la configuración de los delitos de falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal, aunque el alto tribunal decidió no abrir instrucción formal por ausencia del dolo en los congresistas investigados.
El fallo señala que, el 16 de marzo de 2022, “la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. emitió facturación a Ricardo Roa Barragán, gerente general de la campaña del otrora precandidato Petro Urrego, por un valor de $2.324.664.576”, correspondiente a servicios de transporte aéreo que “fueron suministrados en su totalidad a esa aspiración proselitista”. Sin embargo, esos gastos se fraccionaron posteriormente en dos facturas: una por $1.215.646.740 para la campaña al Senado y otra por $1.109.017.836 para la consulta interna, las cuales fueron presentadas ante el Consejo Nacional Electoral como soporte de gastos de campaña.
La Corte fue enfática en señalar que “la inducción en error al Consejo Nacional Electoral fue el medio idóneo para conseguir el reconocimiento del derecho a la reposición de gastos de campaña de acuerdo con los votos válidos obtenidos”. Dicho reconocimiento se materializó mediante la Resolución 3748 del 24 de mayo de 2023, con la que el Consejo Nacional Electoral avaló a favor de los partidos integrantes de la coalición programática y política Pacto Histórico la suma de $14.415.537.397 por reposición de votos de las elecciones legislativas de 2022. Posteriormente, esa cifra fue pagada por medio de la Resolución 16354 del 4 de agosto del mismo año.
Frente a esta revelación, el concejal de Medellín Daniel Briceño aseguró que “por medio de este documento de la Corte Suprema de Justicia se abre la puerta para obligar al Pacto Histórico a devolver la reposición de votos de $14.415.537.397 reconocida a la lista del Senado en 2022, ya que se comprobó que falsificaron las cuentas”.
El concejal agregó que “desde ya estamos evaluando las acciones judiciales y administrativas para intentar el retorno de esos recursos al país, ya que hubo fraude en las cuentas. Unas cuentas con delitos no pueden dar lugar a reposición de votos”.
El documento de la Corte también dejó claro que las irregularidades detectadas afectaron la fe pública y la administración de justicia, al señalar que las conductas “concretaron también un daño a la fe pública, a la eficaz y recta administración de justicia, a la administración pública y, en suma, al principio de legalidad”.
