Un auto de 78 páginas emitido por el magistrado Misael Rodríguez, presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, ha revelado lo que califica como un “esquema ilegal de compra de la función legislativa”, implicando a congresistas y altos funcionarios del Gobierno Petro. Las acusaciones giran en torno a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el presunto uso de recursos públicos para garantizar la aprobación de conceptos legislativos a cambio de dádivas.
El escándalo, que vincula a ministros como Ricardo Bonilla (Hacienda), ha destapado graves irregularidades en la interacción entre el Ejecutivo y la comisión de Crédito Público, dejando al descubierto un posible intercambio de favores que compromete la credibilidad del gobierno.
Los señalados y el modus operandi
Entre los investigados figuran los representantes Wadith Manzur, Karen Manrique, y Julián Peinado; los senadores Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo; y el exrepresentante Juan Diego Muñoz. Según el expediente, los congresistas habrían aceptado beneficios económicos disfrazados como proyectos de obra pública en los municipios de El Carmen de Bolívar, Cotorra (Córdoba) y Saravena (Arauca), con un valor superior a los 92 mil millones de pesos. A cambio, se comprometieron a emitir conceptos favorables sobre operaciones financieras del Ministerio de Hacienda.
La Corte documenta cómo, durante 2023, la comisión de Crédito Público emitió 23 conceptos promovidos por el ministro Ricardo Bonilla, quien habría mantenido constantes interacciones con los investigados a través de asesores como Benavides Soto, vinculada a un seguimiento detallado del cumplimiento de las supuestas dádivas.
Un audio incriminatorio añade más peso a las pruebas. En él, Diana Martínez Joya, asesora del entonces director de la UNGRD, Olmedo López, indica la urgencia de atender a tres alcaldes relacionados con los proyectos: “Es importantísimo que los atendamos, porque, si no, se les cae lo que están haciendo en el Congreso”. Este mensaje refuerza la hipótesis de que los recursos públicos fueron usados como moneda de cambio para garantizar lealtad legislativa.
Implicaciones políticas y cuestionamientos al Gobierno
El caso adquiere dimensiones mayores al involucrar directamente a figuras del gabinete de Gustavo Petro. Además del ministro de Hacienda, las investigaciones también salpican a otros altos funcionarios, como el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
Los hallazgos apuntan a que este esquema fue una respuesta a la preocupación del Gobierno por el estancamiento de reformas clave en el Congreso durante 2023. Según el expediente, la UNGRD habría sido instrumentalizada para desviar recursos destinados a gestionar desastres hacia proyectos que aseguraran el respaldo de los legisladores.
La gravedad del escándalo radica en la presunta manipulación de la función pública para satisfacer intereses políticos, socavando la transparencia y la ética en la gestión estatal. La Corte Suprema ha recopilado pruebas que incluyen informes financieros, registros contractuales y material audiovisual, dejando pocas dudas sobre la existencia de irregularidades.
Reacciones y el impacto en la imagen del Gobierno
El escándalo ha generado una tormenta política. La oposición ha señalado al Gobierno Petro de incurrir en prácticas corruptas, contradiciendo sus promesas de campaña sobre transparencia y lucha contra la corrupción. Incluso sectores aliados al Ejecutivo han mostrado preocupación por el impacto de estas revelaciones en la credibilidad de la administración.
Mientras tanto, la Corte Suprema continuará avanzando en las indagatorias y audiencias, con la posibilidad de que nuevos implicados salgan a la luz. Los congresistas investigados deberán comparecer ante el alto tribunal, enfrentando la posibilidad de sanciones penales y políticas.
¿Un golpe letal a las reformas?
Este escándalo llega en un momento crítico para el Gobierno Petro, que lucha por consolidar su agenda legislativa en medio de un Congreso cada vez más dividido. La instrumentalización de entidades como la UNGRD para garantizar apoyo político podría terminar debilitando aún más la capacidad del Ejecutivo de negociar reformas clave.
En el corto plazo, la administración deberá enfrentar el desafío de demostrar que este caso no refleja un patrón de comportamiento en su gestión, mientras la oposición utiliza el episodio como munición para cuestionar la ética y la eficiencia del gobierno.
La Corte Suprema ha advertido que continuará investigando hasta esclarecer los hechos, mientras la opinión pública exige respuestas claras y sanciones ejemplares. Lo que está en juego no es solo la integridad de un gobierno, sino la confianza en las instituciones y el futuro de la función pública en Colombia.