Una Corte Suprema dividida de Estados Unidos autorizó al gobierno del presidente Donald Trump a reanudar las deportaciones aceleradas de migrantes hacia países distintos a sus lugares de origen, al levantar una orden judicial que exigía brindarles la oportunidad de impugnar su expulsión.
La decisión no incluye una explicación detallada, pero se sabe que la mayoría conservadora votó a favor, mientras que las tres liberales disintieron.
El caso se originó tras una orden emitida en abril por el juez federal Brian Murphy, del distrito de Massachusetts, quien había bloqueado temporalmente la política del gobierno al considerar que podía violar las protecciones constitucionales al debido proceso. Según su fallo, los migrantes debían recibir notificación y tener una oportunidad significativa para expresar temores sobre su posible deportación.
A pesar de ello, la Corte Suprema permitió que el gobierno avance con la política, que ya había sido implementada en casos como el de ocho personas que fueron trasladadas en mayo hacia Sudán del Sur. En ese momento, la intervención judicial obligó al desvío del vuelo hacia una base naval estadounidense en Yibuti. Entre los migrantes se encontraban personas originarias de Myanmar, Vietnam y Cuba, todas condenadas por delitos graves en Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, afirmó que estas deportaciones son necesarias ante la negativa de algunos países de origen a recibir de nuevo a personas condenadas por crímenes como asesinato, incendio provocado y robo a mano armada.
Desde la administración Trump se celebró el fallo como una victoria. La vocera del DHS, Tricia McLaughlin, calificó la decisión como un “gran triunfo para la seguridad del pueblo estadounidense”. Por su parte, la Casa Blanca aseguró que el fallo reafirma la autoridad del presidente para retirar del país a extranjeros que han cometido crímenes.
No obstante, las críticas no se hicieron esperar. En un voto disidente de 19 páginas, la jueza Sonia Sotomayor denunció que la decisión de la Corte “expone a miles al riesgo de tortura o muerte”, y calificó el fallo como un “abuso grave del poder” judicial. También advirtió que el gobierno ha ignorado órdenes judiciales previas, lo que, en su opinión, erosiona el respeto por el Estado de derecho.
Organizaciones defensoras de migrantes, como la National Immigration Litigation Alliance, advirtieron que las consecuencias de la medida pueden ser “aterradoras”, al eliminar protecciones clave para personas en riesgo.
El caso se enmarca en un conjunto más amplio de medidas adoptadas por la administración Trump en su política migratoria, que ha enfrentado múltiples desafíos judiciales desde su retorno a la presidencia en enero.
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