El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, expresó un contundente rechazo a dos iniciativas promovidas por el presidente Gustavo Petro, argumentando que estas representarían graves riesgos para la independencia judicial y la reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia.
En primer lugar, Chaverra criticó la propuesta de unificar los sistemas de justicia transicional, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el mecanismo de Justicia y Paz.
El magistrado calificó esta idea como un «retroceso» que podría comprometer los avances alcanzados en verdad, justicia y reparación. “Nos opusimos a que los postulados que incumplieron sus compromisos en Justicia y Paz pudieran pasar impunemente a la JEP, y celebramos que la Corte Constitucional haya resuelto el conflicto de jurisdicción, reafirmando la seriedad de la justicia ordinaria”, señaló.
Asimismo, rechazó de manera categórica la posibilidad de que los jueces sean elegidos mediante voto popular, una propuesta que Petro ha mencionado en varias ocasiones y que ha generado amplia controversia en la Rama Judicial.
Chaverra advirtió que esta medida sería un atentado contra los principios de independencia y autonomía judicial. “La elección de jueces debe responder a criterios técnicos y objetivos que evalúen conocimientos especializados, no a dinámicas de popularidad o influencias políticas”, explicó.
En su intervención, el Magistrado también destacó la autonomía con la que la Corte llevó a cabo el proceso de elección de la nueva fiscal general, a pesar de las presiones que enfrentaron en marzo. “Defendimos nuestra independencia con firmeza y, una vez aseguradas las garantías institucionales, realizamos la elección en un plazo prudente y bajo completa libertad”, subrayó.
Chaverra cerró reafirmando el compromiso del alto tribunal con la protección de la independencia judicial y el respeto a los principios democráticos. “La Corte seguirá vigilante frente a cualquier intento de interferir en sus decisiones o procesos, porque la justicia debe permanecer como un pilar independiente en nuestra democracia”, concluyó.
Estas declaraciones reafirman la postura de la Corte Suprema frente a las propuestas del Ejecutivo, en un contexto donde las tensiones entre las ramas del poder público se hacen cada vez más evidentes.
