La decisión de fondo sobre la reforma pensional que analiza la Corte Constitucional tendrá un nuevo aplazamiento luego de que el magistrado ponente del proceso se declarara impedido para continuar con el estudio del expediente.
La Sala Plena del alto tribunal tendrá que resolver esa solicitud y, en caso de aceptarla, designar a otro magistrado encargado de elaborar la ponencia.
La información dada a conocer por BluRadio indicó que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez formalizó su impedimento tras una entrevista concedida en otra oportunidad a El Tiempo. En esa declaración pública se refirió al trámite de la ley pensional y mencionó la existencia de un presunto vicio de forma, situación que generó cuestionamientos sobre un eventual prejuzgamiento.
El impedimento será evaluado por los demás integrantes de la Sala Plena. De ser aprobado, el expediente cambiará de ponente y tendría que asignarse a otro despacho. Según las reglas internas del tribunal, la nueva presidente de la Corporación, la magistrada Paola Meneses, asumiría la elaboración de una nueva ponencia. Eso implicaría presentar nuevamente el proyecto de decisión ante los magistrados.
El caso que cursa en la Corte se concentra en examinar la legalidad del trámite legislativo de la reforma pensional y en verificar si se configuró un vicio de procedimiento durante su discusión en la Cámara de Representantes. La nueva ponencia revisará el expediente completo antes de someterlo a votación en la Sala Plena.
Así mismo se indicó que la reasignación del caso obligaría a reconstruir formalmente el proyecto de decisión. Ese procedimiento incluye la revisión de antecedentes, demandas, intervenciones ciudadanas y conceptos allegados al proceso. También se mencionó que la recomposición del estudio podría incidir en la participación de conjueces previamente designados, dependiendo de la configuración del quórum y de las mayorías requeridas.
El aplazamiento no resuelve el análisis de constitucionalidad de la reforma, sino que modifica la estructura interna del trámite. La Sala Plena deberá primero pronunciarse sobre el impedimento y, posteriormente, avanzar en la designación del nuevo responsable del expediente.
La discusión jurídica permanece centrada en el cumplimiento de los requisitos constitucionales del trámite legislativo. Mientras se conocen los pasos administrativos derivados del impedimento, el estudio de la reforma continúa en etapa preliminar dentro del alto tribunal.
