Un jurado federal en Estados Unidos emitió un fallo a favor de la compañía minera Drummond, al concluir que fueron falsas y difamatorias las acusaciones que la señalaban de haber apoyado a grupos paramilitares en Colombia. El veredicto se conoció el 15 de enero de 2026, tras un juicio adelantado ante el Tribunal Federal para el Distrito Norte de Alabama, y marca un cierre contundente a uno de los litigios más prolongados y sensibles que ha enfrentado la empresa en el ámbito internacional.
De acuerdo con la decisión judicial, el abogado Terrence P. Collingsworth y su organización International Rights Advocates (IRAdvocates) incurrieron en la formulación y difusión de señalamientos falsos contra Drummond, con el propósito de afectar su reputación y sus operaciones comerciales. El jurado determinó, además, que los demandados violaron la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés), al encontrar evidencias de extorsión, soborno y manipulación de testigos, fraude electrónico, lavado de dinero, obstrucción de la justicia y conspiración.
Como resultado del fallo, el jurado concedió a Drummond una indemnización de 52 millones de dólares por la demanda de difamación y otros 68 millones de dólares por la acción bajo la Ley RICO. En este último caso, la legislación estadounidense establece que el monto debe triplicarse de manera automática, lo que eleva la compensación total a cerca de 256 millones de dólares.
Según la evidencia presentada durante el proceso, Collingsworth y su organización enviaron comunicaciones a terceros con información falsa diseñada para generar un daño reputacional a la compañía. El jurado concluyó que dichas afirmaciones se hicieron con conocimiento de su falsedad o, en su defecto, con una conducta imprudente frente a la veracidad de los hechos. Bajo la Ley RICO, también fueron declarados responsables otros actores señalados como parte de la conspiración, entre ellos el abogado colombiano Iván Alfredo Otero Mendoza y el empresario holandés Albert van Bilderbeek.
El fallo judicial estableció que se realizaron pagos no revelados por más de 400.000 dólares a testigos, entre ellos Jaime Blanco Maya y Jairo de Jesús Charris, conocido como alias “El Viejo Miguel”, con el fin de sustentar testimonios que luego resultaron inconsistentes o falsos.
Tras conocerse la decisión, la defensa de Drummond señaló que el veredicto confirma que la empresa no ha tenido vínculos con organizaciones armadas ilegales. La compañía reiteró que, desde el inicio de sus operaciones en Colombia a finales de los años ochenta, ha actuado conforme a la ley y bajo estándares de integridad y responsabilidad empresarial.
Con esta sentencia, la justicia estadounidense desvirtúa de manera categórica una narrativa que durante años fue objeto de debate público y judicial, y que ahora queda desacreditada por decisión unánime de un jurado federal.
