La Corte Constitucional, mediante el Auto 1000 del 22 de julio de 2025, negó la solicitud de aclaración presentada por el Ministerio de Salud y Protección Social frente al Auto 504 del mismo año, que había dictado medidas cautelares sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC). La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008.
El Ministerio había formulado seis interrogantes en los que alegaba supuestas ambigüedades en el contenido del Auto 504. Según la cartera, esas expresiones requerían ser precisadas para garantizar el cumplimiento adecuado de lo ordenado por el alto tribunal.
Uno de los principales argumentos del Ministerio apuntaba a que el Auto 504 contenía afirmaciones sin sustento técnico en relación con un presunto rezago en el cálculo de la UPC, por lo que cuestionó la competencia de la Corte para pronunciarse sobre temas de carácter técnico como la estructura financiera de esa unidad.
La Corte, sin embargo, determinó que los cuestionamientos no se enmarcaban dentro de las finalidades de una solicitud de aclaración. Según el análisis de la Sala, la petición del Ministerio no superó la carga argumentativa requerida para este tipo de trámites. La Corte concluyó que las preguntas planteadas no correspondían a dudas genuinas ni a ambigüedades en el texto del Auto, sino que representaban una forma de controvertir decisiones previamente adoptadas.
Con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuarta, la Sala indicó que el mecanismo de aclaración no está concebido para reabrir debates ni solicitar revisiones técnicas de fondo. En consecuencia, resolvió rechazar la solicitud al considerar que excedía los límites de ese recurso.
En el mismo fallo, el magistrado Vladimir Fernández Andrade dejó constancia de aclaración de voto. Con esta decisión, la Corte cierra la vía procesal para cuestionar el contenido del Auto 504, en el que se fijaron medidas frente a la administración de la UPC dentro del sistema de salud colombiano.
