La Sala Plena de la Corte Constitucional comienza esta semana el estudio del expediente relacionado con la Ley 2381 de 2024, conocida como la reforma pensional, en respuesta a una demanda interpuesta por la senadora Paloma Valencia. La discusión estará a cargo del presidente del alto tribunal, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien también es el ponente del caso.
Fuentes internas de la Corte aseguraron que la ponencia de Ibáñez propondría declarar la inexequibilidad total de la norma por presuntos vicios de forma en su trámite legislativo. La decisión final está en manos de los nueve magistrados que integran la Sala Plena, quienes deberán definir si la ley se ajusta a la Constitución o si debe ser anulada.
La reforma pensional fue aprobada por el Congreso y sancionada como Ley 2381 de 2024, y su entrada en vigencia está prevista para el próximo 1 de julio. La revisión del alto tribunal se centra en determinar si se cumplieron todos los procedimientos formales exigidos durante su discusión y aprobación en el legislativo.
Dentro del expediente se encuentran incluidas las pruebas solicitadas por el magistrado Ibáñez, entre ellas información relacionada con casos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que serán estudiadas como parte del contexto de análisis jurídico del proceso legislativo.
El debate será retomado formalmente el próximo jueves 22 de mayo, cuando el análisis de la Ley 2381 figure en los puntos 10 y 11 del orden del día de la Sala Plena.
Durante el proceso, se han registrado inconsistencias que han obligado a la Corte a corregir trámites internos. Uno de ellos ocurrió hace algunas semanas, cuando no se resolvió oportunamente un impedimento presentado por la magistrada Diana Fajardo, lo que llevó al alto tribunal a solicitar nuevamente el concepto de la Procuraduría General de la Nación.
En noviembre de 2024, la entonces procuradora Margarita Cabello había solicitado tumbar la reforma por vicios de trámite. No obstante, recientemente, el actual procurador, Gregorio Eljach, emitió un concepto en el que respaldó la constitucionalidad de la ley.
La Sala Plena deberá pronunciarse en los próximos días sobre el futuro de la reforma pensional, en medio de un ambiente político y jurídico marcado por el seguimiento que hace el Gobierno Nacional y sectores de oposición a la decisión del alto tribunal.
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