La Corte Suprema de Justicia condenó a diez años de prisión al exsenador del Partido Liberal Carlos Emiro Barriga Peñaranda, tras hallarlo responsable del delito de concierto para delinquir agravado.
Según la decisión, el excongresista mantuvo una alianza con el Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estructura paramilitar que operó en el departamento de Norte de Santander durante los primeros años de la década de 2000.
El fallo fue emitido por la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal, que determinó que Barriga permitió la instalación de una base paramilitar en una finca de su propiedad, ubicada en la zona rural del municipio de Villa del Rosario. A cambio, recibió respaldo político y electoral por parte del grupo armado ilegal para fortalecer su aspiración al Senado de la República en el periodo 2002-2006.
De acuerdo con la investigación, adelantada por la Sala de Instrucción de la Corte, la alianza con el Frente Fronteras del Bloque Catatumbo, liderado por Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano o Pedro Fronteras, se mantuvo entre los años 2002 y 2004. Durante ese tiempo, la estructura paramilitar habría facilitado apoyo logístico y territorial a la campaña del entonces dirigente liberal, mientras que Barriga utilizó su posición política para gestionar obras de infraestructura y ejercer influencia en la zona.
La Corte señaló que el comportamiento del exsenador vulneró el orden constitucional y debilitó la presencia del Estado en una región marcada por el conflicto armado. Según la sentencia, Barriga no actuó como un político ajeno a la violencia, sino como un aliado de una organización armada que utilizó su poder territorial para obtener beneficios políticos.
La condena impone una pena de 120 meses de prisión y una multa equivalente a 3 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos. Adicionalmente, se estableció la inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual periodo.
El alto tribunal destacó que la utilización de bienes personales para facilitar operaciones paramilitares no fue un hecho aislado, sino parte de un acuerdo político con fines electorales. En la decisión se indicó que este tipo de pactos constituyen una forma de colaboración directa con organizaciones ilegales, afectando la legitimidad institucional y la confianza ciudadana en el sistema democrático.
El caso de Carlos Emiro Barriga se suma a los procesos judiciales derivados del fenómeno de la parapolítica en Colombia, que involucra a excongresistas, alcaldes, gobernadores y otros funcionarios investigados por presuntos vínculos con estructuras armadas ilegales durante los años de expansión paramilitar.
Con este fallo, la Corte Suprema reafirma su postura frente a la responsabilidad penal de los servidores públicos que utilizaron el poder político para establecer alianzas con grupos armados, contribuyendo con ello al fortalecimiento de estructuras que operaron al margen de la ley.
