La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió archivar la investigación que se adelantaba contra la senadora Angélica Lozano, luego de no encontrar pruebas que la vincularan con presuntos hechos de corrupción en la adjudicación del contrato del Metro de Bogotá.
El proceso se originó tras una compulsa de copias enviada por la Fiscalía General de la Nación, a partir de unas interceptaciones telefónicas realizadas en el marco de otra investigación. En esas grabaciones se mencionaba el nombre de la congresista en conversaciones sobre supuestos pagos irregulares y la posible destinación de recursos a campañas políticas.
De acuerdo con la decisión de la Corte, después de revisar los audios, documentos y testimonios recaudados, no se hallaron elementos de prueba que demostraran la participación de Lozano en la entrega o recepción de dinero proveniente de contratos públicos. El alto tribunal señaló que “no existen evidencias directas ni indirectas que permitan inferir su intervención en gestiones indebidas relacionadas con la contratación del Metro”.
El caso se remonta a inicios de 2022, cuando se filtraron audios en los que algunos interlocutores hablaban de presuntas coimas por cerca de 10.000 millones de pesos, de los cuales una parte habría sido presuntamente dirigida a campañas del Partido Verde.
En dichas grabaciones se mencionaban los nombres de la entonces alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y de la senadora Angélica Lozano, lo que dio paso a la apertura de una indagación preliminar por parte de la Procuraduría General de la Nación.
Sin embargo, tanto López como Lozano negaron en su momento cualquier participación en hechos irregulares. La Senadora afirmó que no existía ningún proceso formal en su contra y que las versiones difundidas correspondían a rumores sin sustento. También insistió en que debía respetarse el debido proceso y la verificación judicial de la información antes de formular señalamientos.
La Sala de Instrucción, tras concluir la fase preliminar de revisión de pruebas, determinó que las menciones en los audios no constituían evidencia suficiente para mantener abierta la investigación. En consecuencia, la decisión fue inhibitoria, es decir, se resolvió no iniciar un proceso penal en su contra.
Con este fallo, se pone fin a un caso que durante más de dos años fue objeto de atención pública y política. La Corte Suprema reafirmó que no hay indicios de que existieran actos de corrupción asociados a la campaña de Lozano ni de que ella haya intervenido en la contratación de las obras del Metro de Bogotá.
La senadora, integrante de la Alianza Verde, continúa desempeñando su labor legislativa en el Congreso, mientras la Procuraduría evalúa el cierre de la indagación disciplinaria que también se había abierto en el marco de las mismas denuncias.
