La Corte Constitucional de Corea del Sur confirmó este viernes la destitución de Yoon Suk-yeol, cerrando un proceso político sin precedentes que comenzó tras la sorpresiva imposición de la ley marcial por parte del entonces mandatario en diciembre pasado. La decisión judicial, adoptada de manera unánime por los ocho magistrados del alto tribunal, implica además la pérdida de inmunidad presidencial de Yoon y abre la puerta a un eventual proceso penal en su contra.
El tribunal concluyó que la declaración de estado de excepción no fue justificada y que el uso de las fuerzas armadas con fines políticos representó una violación grave de los principios democráticos y del deber constitucional del presidente como comandante en jefe. La sentencia también subrayó el impacto negativo de sus acciones sobre los derechos políticos de la ciudadanía y la institucionalidad del país.
Desde que el Parlamento votó la destitución de Yoon en diciembre, el país ha estado sumido en una profunda polarización política, con masivas movilizaciones tanto de críticos como de simpatizantes del exmandatario. Algunos episodios incluyeron enfrentamientos con la policía, intentos fallidos de arresto en su residencia oficial y una creciente tensión social que ha mantenido en vilo a la Nación.
El Partido del Poder Popular, fuerza política de Yoon, declaró aceptar el fallo “con humildad” y se responsabilizó por no haber contenido la crisis desde el Ejecutivo. Por su parte, el principal partido de la oposición, el Partido Democrático, celebró la resolución judicial como una “victoria del pueblo” y llamó a reconstruir la confianza pública en las instituciones democráticas.
Yoon, por medio de sus abogados, expresó arrepentimiento por no haber estado a la altura de las expectativas ciudadanas y agradeció el apoyo recibido durante el proceso. Sin embargo, su defensa insistió en que la destitución tuvo un trasfondo político y cuestionó la imparcialidad del juicio constitucional.
La salida definitiva del poder de Yoon activa la cuenta regresiva hacia nuevas elecciones presidenciales, que deben celebrarse en un plazo máximo de 60 días. Hasta entonces, el primer ministro Han Duck-soo ejercerá como presidente interino. El panorama electoral se presenta incierto, aunque los sondeos sitúan al líder opositor Lee Jae-myung como favorito, pese a enfrentar también cuestionamientos judiciales.
Este episodio marca una nueva página en la historia democrática surcoreana, siendo Yoon el segundo presidente en ser removido del cargo por el Tribunal Constitucional.
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