La exministra de Salud Carolina Corcho señala que su intermediación financiera ha generado corrupción, deudas y barreras de acceso para millones de colombianos.
Carolina Corcho, exministra de Salud del gobierno Petro, ha reiterado en múltiples escenarios que las Empresas Promotoras de Salud (EPS) no deben seguir administrando los recursos públicos del sistema de salud colombiano. Según Corcho, el modelo de intermediación financiera que estas entidades representan ha fracasado tras más de tres décadas de implementación. Las EPS, afirma, no solo han acumulado deudas millonarias con clínicas y hospitales, sino que han generado incentivos perversos para negar servicios, imponer barreras de acceso y lucrarse con dineros públicos que deberían destinarse directamente a la atención de los pacientes.
Corcho ha sido una de las voces más críticas del sistema de salud colombiano. En sus declaraciones, ha señalado que 14 de las 30 EPS existentes están en proceso de liquidación, y que solo cuatro cumplen con los estándares mínimos exigidos por la Superintendencia de Salud. Además, ha denunciado que más de 1.8 millones de colombianos quedaron sin afiliación tras la pandemia, lo que evidencia una crisis estructural del modelo.
Uno de los argumentos centrales de Corcho es que las EPS actúan como intermediarias financieras, recibiendo cerca de 70 billones de pesos al año para girar a prestadores de servicios. Sin embargo, en lugar de cumplir eficientemente esa función, muchas EPS retienen recursos, generan rendimientos financieros para sí mismas y acumulan deudas con hospitales y clínicas, que hoy superan los 22 billones de pesos.
Corcho propone que el Estado, a través del fondo público (Adres), gire directamente los recursos a los hospitales y clínicas que atienden a los pacientes, eliminando la intermediación. En su visión, las EPS deberían transformarse en redes de prestación de servicios, si quieren continuar en el sistema.
IFM Noticias plantea estos principales señalamientos que tiene la Adres actualmente y qué contradicen la propuesta de la exministra Corcho:
- Riesgo de pérdida de recursos: La Contraloría General ha advertido que la ADRES presenta grandes debilidades en el seguimiento de los recursos, especialmente en el reconocimiento y pago de servicios de salud no cubiertos por el SOAT. Se han detectado pagos sin verificación rigurosa, lo que ha generado hallazgos fiscales por más de 13.955 millones de pesos.
- Tercerización de auditorías: La entidad ha delegado procesos críticos de auditoría médica a terceros, lo que ha generado trastornos en el flujo de recursos y cuestionamientos sobre el costo-beneficio de esa práctica.
- Falta de capacidad operativa: Con la reforma a la salud, la ADRES asumiría el rol de pagador único del sistema, pero no se contempla un aumento de personal ni presupuesto operativo. Actualmente, la entidad tiene cerca de 200 empleados y realiza más de 370.000 transacciones al año, lo que podría llevarla a un colapso administrativo si no se fortalece su estructura.
- Inconsistencias en datos y pagos fraudulentos: Se han detectado atenciones médicas registradas a más de 23.000 personas fallecidas, con un costo fraudulento superior a 79 mil millones de pesos. Además, se reportaron medicamentos sin registro sanitario y sobrecostos por más de 138 mil millones de pesos.
- Uso indebido de recursos por parte de EPS: Aunque la ADRES afirma ser víctima de los malos manejos de las EPS, la Contraloría ha vinculado a la entidad en procesos fiscales por casi 500 mil millones de pesos, debido a la falta de control sobre los dineros girados a las EPS, que fueron usados para pagar deudas, intereses bancarios, clases de yoga y otros gastos no relacionados con atención médica.
La postura de Carolina Corcho plantea una reforma estructural al sistema de salud colombiano. Su propuesta de eliminar la intermediación financiera de las EPS busca garantizar que los recursos públicos lleguen directamente a quienes prestan los servicios, mejorar la calidad de la atención y reducir la corrupción. Aunque polémica, su visión ha abierto un debate nacional sobre el futuro del aseguramiento en salud y el papel de las EPS en un modelo más equitativo y eficiente.
