La declaración del presidente Gustavo Petro sobre su intención de convocar una consulta popular por decreto, desestimando la decisión negativa del Senado, ha generado una fuerte reacción entre líderes políticos del país, que advierten sobre un posible quiebre institucional.
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín y excandidato presidencial, se pronunció con contundencia al señalar que esta iniciativa representa un gesto autoritario. Afirmó que “como en toda dictadura naciente, lo primero que hace quien construye ese camino es romper la institucionalidad y presentarse como víctima”, y agregó que el anuncio de Petro “ratifica su talante antidemocrático”. Gutiérrez instó a la ciudadanía a respaldar a las instituciones y a la justicia, que —según sus palabras— deberán detener “semejante entuerto jurídico”, pues consideró que esta iniciativa es una “provocación para intentar quedarse en el poder”.
Desde Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán también expresó su rechazo, calificando como grave que el presidente pretenda pasar por encima del Congreso. En declaraciones públicas, aseguró que este acto “constituye un quiebre institucional y una amenaza real a los fundamentos del Estado de Derecho”. Recordó que el Senado, actuando bajo los marcos previstos por la Constitución, negó la posibilidad de convocar la consulta popular, y cualquier inconformidad con esa decisión debería canalizarse por la vía judicial, no mediante decretos ejecutivos.
Las críticas se enmarcan en el principio de separación de poderes, eje central del sistema democrático colombiano. Para Galán, cualquier intento de desconocer una decisión del Congreso vulnera ese principio y representa un retroceso democrático. Por ello, hizo un llamado a todos los sectores que defienden el Estado de Derecho a rechazar esta iniciativa presidencial.
El anuncio de Petro ha abierto un nuevo capítulo de tensión entre el Ejecutivo y los demás poderes del Estado, con implicaciones que podrían llegar hasta la Corte Constitucional si se materializa el decreto. La controversia también ha encendido la discusión pública sobre los límites del poder presidencial y la necesidad de preservar la institucionalidad democrática.
